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México trabaja junto con Reino Unido un borrador para la elaboración de un nuevo tratado internacional con el objetivo de regular transferencias lícitas de armas convencionales a nivel mundial.
Dentro de esta iniciativa, que será presentada en esta 63 Sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se sentarán las condiciones bajo las cuales un gobierno podrá vender a otro este tipo de armas.
"Si un gobierno esta en franca violación de sus obligaciones en materia de derechos humanos pues tendría problemas para la adquisición de las armas", explicó Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.
Los Estados tampoco aceptarán transferencias internacionales de armas en circunstancias que existan razones fundadas para suponer que serán utilizadas para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario, actos de genocidio o crímenes contra la humanidad.
En entrevista, Gómez Robledo comenta que un grupo de 22 expertos de diferentes países trabajan un posible borrador para esta iniciativa británica por la que México se interesó.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Joel Hernández, así como el asesor de la subsecretaría para Asuntos Multilaterales Roberto Donisch, son los responsables de llevar las negociaciones por México.
Dicho tratado no supondría un obstáculo para el comercio responsable, pero evitaría que las exportaciones en materia de defensa socavaran la seguridad y la prosperidad internacional.
Los países involucrados indican que la principal responsabilidad de controlar el flujo de armas descansa en los gobiernos -sean o no fabricantes-, que exportan, reexportan, importan o por los que transitan armas.
Subrayan el derecho de los Estados de adquirir armas para su legítima defensa, pero este derecho, se deja claro, debe aplicarse conjuntamente con las más amplias responsabilidades y obligaciones legales que han de garantizar que las armas transferidas no contribuyan a la violación de los derechos humanos internacionales o del derecho humanitario, así como obstaculizar el desarrollo.
"Es una buena iniciativa sobre todo cuando la temática de desarme esta bloqueada", comentó el titular de la subsecretaría para Asuntos Multilaterales.
En caso de concretarse esta convención, los Estados no deberían autorizar una transferencia, si es probable que las armas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de delitos violentos; afecten negativamente la estabilidad política y/o la seguridad regional; afecten negativamente al desarrollo sostenible e impliquen prácticas corruptas.
Gómez Robledo comentó que a México le conviene impulsar cualquier instrumento que permita poner controles a la transferencias de armas, pues ello va en detrimento del desarrollo económico y social de los países, pues representan sumas millonarias y el peligro de que esas armas caigan en manos que no son agentes estatales.
grg