La propuesta presentada por la Casa Blanca al Congreso tiene como intención permitir al Departamento del Tesoro la compra a un precio de descuento, "de bienes hipotecarios relacionados, a cualquier instituciones que tenga su sede en Estados Unidos".

Para tal efecto, la dependencia dispondrá de una partida de 700 mil millones de dólares.

Aunque el borrador no lo precisa, el Secretario del Tesoro Henry. M. Paulson reveló este domingo que la compra se extenderá a los bancos e instituciones financieras extranjeras que cuenten con operaciones en Estados Unidos.

La compra se extendería por dos años, el plazo limite que el gobierno ha propuesto para que el Congreso otorgue esta autoridad a Paulson, bajo la cual estas acciones no podrían ser sujetas a revisión por ninguna instancia judicial o agencia del gobierno.

La intención del gobierno al adquirir estos bienes, créditos hipotecarios así como las garantías que los respaldan, es lograr su eventual reventa a un mejor precio cuando la situación del mercado de la vivienda se estabilice, obteniendo con ello una ganancia.

La expectativa, empero, no ha sentado bien entre los legisladores porque tanto Paulson como el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, han reconocido que no existe certeza sobre los plazos y las condiciones del escenario que anticipan.

El propio Paulson aceptó que el desembolso equivale tanto como a hacer una apuesta a ciegas.

"No existen garantías (de lo que pasara) en términos de la economía en general, pero este programa esta diseñado para funcionar", dijo en entrevista.

En el borrador de la iniciativa, el gobierno explica que la intención de esta operación "es ofrecer estabilidad o prevenir el desajuste de los mercados financieros o el sistema bancario y proteger a los contribuyentes".

Este ultimo aspecto ha probado ser uno de los mas contenciosos, particularmente entre los demócratas, que demandan incorporar a la ley un programa que permita atacar el creciente número de embargos de casas a personas que han caído en mora de pago de sus créditos hipotecarios.

La Casa Blanca ha insistido que la ley que adopte el Congreso deberá estar "limpia" de previsiones no relacionadas al rescate y algunos republicanos, aunque favorecen una acción de este tipo, quieren que esta sea parte de una ley separada.

El gobierno busca también que el Congreso autorice el incremento en la deuda nacional que resultaría de la asignación de estos recursos, pasando de los 10.6 mil billones (miles de millones) a 11.3 billones de dólares.

Bajo los términos de la ley, el gobierno estaría obligado a brindar un reporte al Congreso tres meses después de su adopción, y posteriormente bajo bases "semianuales".

La propuesta ha sido bien acogida por los candidatos presidenciales, quienes han coincidido en la necesidad de que esté acompañada por medidas que protejan a quienes enfrentan el prospecto de perder sus viviendas.

"El plan no tiene que ser sólo un plan para Wall Street, también tiene que ser un plan para el resto de la gente", indicó el demócrata Barack Obama el domingo en un evento partidista en Charlotte, Carolina del Norte.

El sábado John McCain insistió en la necesidad de tener una regulación financiera más transparente por considerar qua la crisis actual fue resultado de "conductas irresponsables, la corrupción y la desenfrenada avaricia" en Wall Street.