El documento señala que las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la PGR presentarán una propuesta cuando consideren conveniente ofrecer una recompensa, la cual deberá incluir los antecedentes del caso y los datos de identificación de la o las personas susceptibles de aprehensión.

Además deberán corroborar que la información coincida con la solicitada en la oferta de recompensa, y ordenarán la práctica de las diligencias que resulten conducentes. El ofrecimiento o entrega de dicho beneficio podrá ser público o privado.

El titular de la unidad administrativa deberá resguardar la información que reciba bajo su más estricta responsabilidad, destaca el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Precisa que el pago de la recompensa estará supeditado a que los datos proporcionados sean veraces, útiles, eficaces y oportunos para las investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación, o bien, para la localización y detención efectiva de la o las personas en contra de quienes exista orden de aprehensión.

En el caso de que la información correspondiente a una determinada oferta de recompensa la proporcione más de una persona, tendrá derecho a la misma el que primero la hubiere informado.

El pago de la recompensa se realizará por depósito en cuenta bancaria o en efectivo, únicamente a quien cuente con el número confidencial de identificación.

Sobre las recompensas periódicas se entregarán a quien proporcione constantemente información fidedigna, eficaz, útil, oportuna y suficiente para actividades de inteligencia y contrainteligencia en el combate a la delincuencia y la investigación de delitos federales, previa autorización del procurador.

El monto de este beneficio dependerá de la utilidad y eficacia de la información para las actividades de inteligencia, investigación con resultados positivos, aseguramiento de armas, drogas y a la captura de líderes de organizaciones criminales.

Los rangos de valoración de la información que se reciba a cambio de recompensas periódicas y la periodicidad de entrega será conforme a lo siguiente:

De mil a dos mil pesos cuando la información sea útil para actividades de inteligencia y contrainteligencia; de dos mil un pesos a tres mil pesos cuando los datos ofrezcan resultados positivos de investigación.

De tres mil un pesos a cuatro mil pesos si lleva al aseguramiento de armas, estupefacientes, precursores químicos, vehículos, dinero, artículos de contrabando, material apócrifo y, en general, instrumentos, objetos o productos de delitos graves.

La cantidad será de cuatro mil un a cinco mil pesos si los datos conducen a la captura de líderes de organizaciones criminales, liberación de personas víctimas de secuestro o el desmantelamiento de células de la delincuencia organizada.

El documento que entra en vigor el 20 de septiembre de este año, señala que con éste se abroga el acuerdo A/015/06 publicado el 2 de febrero de 2006.

El decreto permite formalizar y establecer un sistema de recompensas para quien colabore en la procuración de justicia.

Con ello se reforzará y ampliará la capacidad del gobierno y las autoridades para combatir a la criminalidad.

El jueves, el presidente, Felipe Calderón, envió un paquete de iniciativas al Congreso para combatir al crimen, entre las que destaca una iniciativa de Ley de Extinción de Dominio.

Los recursos relacionados o vinculados con los actos de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, lavado de dinero, robo de vehículos, trata de personas, terrorismo o cualquier otro delito federal serán transferidos al gobierno.

Con esos recursos, informó el mandatario ayer, se constituirá un fideicomiso cuyos fondos serán destinados tanto a la reparación del daño a las víctimas como a brindar servicios de apoyo y asistencia a las mismas u ofendidos del delito.