Legisladores demócratas y funcionarios de la administración Bush se enfrascaron también en una ronda de acusaciones sobre quién tiene la mayor responsabilidad por la crisis de Fannie Mae y Freddie Mac. Legisladores y funcionarios del gobierno indicaron que podría pasar un año o más antes de que el nuevo Congreso y el nuevo presidente lleguen a un acuerdo de compromiso sobre el nuevo papel de las empresas.

Pero desde el lunes comenzaron a delinearse las líneas de batalla entre tres campos predecibles sobre el destino de las compañías.

Incluso antes de quedar bajo tutela gubernamental, Fannie y Freddie eran híbridos singulares --y la envidia de sus rivales-- pues disfrutaban los beneficios de ser corporaciones cotizadas en bolsa con un subsidio de los contribuyentes, debido a una garantía implícita del gobierno a sus obligaciones.

Partidarios decían que la estructura híbrida atraía dinero de inversionistas privados para hacer las hipotecas más accesibles, mientras sus críticos sostenían que esta estructura simplemente privatizaba las ganancias y socializaba los riesgos.

En una esquina del debate que surge se encuentran algunos altos funcionarios del Departamento del Tesoro, que en los últimos días han sugerido en privado que les gustaría "encoger" a las compañías y convertirlas en empresas de servicios públicos.

Si esto sucediera, las ganancias y actividades de las compañías quedarían estrechamente reguladas y sus grandes portafolios de inversión probablemente serían reducidos.

Una versión ligeramente distinta de este enfoque transformaría a las compañías en agencias totalmente gubernamentales, como lo fue Fannie Mae en los primeros 30 años de su vida antes de que el presidente Lyndon B.

Johnson las vendiera al público para financiar la guerra de Vietnam.

Bajo este escenario, las compañías no enfrentarían presiones financieras de Wall Street, y cualquier ganancia sería devuelta al Tesoro. Su administración estaría formada por funcionarios designados por el gobierno.

Un segundo campo está conformado por legisladores demócratas que desde hace tiempo han defendido a las compañías en contra de los esfuerzos para controlarlas y las conciben como una forma de lograr el objetivo de proporcionar vivienda más asequible.

Aunque ningún legislador ha ofrecido todavía una propuesta específica sobre como transformar a las compañías, este campo en general favorece restablecer la salud de las empresas y luego regresarlas a la forma que tenían antes de caer bajo la tutela del gobierno, pero con salvaguardas para impedir otra crisis.

Finalmente, están los teóricos del libre mercado, incluyendo algunos funcionarios de Bush. Ellos favorecen la liquidación final o la separación de las dos compañías una vez que pase la crisis. Bajo este escenario, las compañías desaparecerían y serían reemplazadas por instituciones del sector privado sin ningún apoyo del gobierno federal.

El debate no es nuevo, aunque sus contornos seguramente serán distintos, particularmente ante la perspectiva de que miles de millones de dólares de dinero de los contribuyentes sean entregados nuevamente a las compañías y la eliminación esta semana bajo el plan de tutelaje de sus legendarias operaciones políticas. (Traducción: Gregorio Narváez).