Además, planteó que este cambio que se va a dar en la lucha contra la delincuencia, que ningún partido político pretenda atribuírselo, porque se deberá a la misma gente que salió a la calle a manifestarse y exigirle resultados a las autoridades.

En el caso de los funcionarios del gobierno federal, recordó que hay una ley de responsabilidades que se tendrá que aplicar, porque también se castiga la negligencia, el disimulo, la ineficiencia y la corrupción.

La gente, en el caso de los diputados y senadores, se va a enterar de quien no quiere aprobar una ley en contra del crimen organizado o no asiste a las reuniones de comisión en las que se deben dictaminar las iniciativas, dijo el senador González.

El secretario de la Comisión de Gobernación en el Senado dio por hecho que la sociedad ya no va a dejar de presionar a las autoridades y estará siempre dispuesta a señalar al servidor público que sólo trate de disimular.

"Con los señalamientos que se hagan, no habrá funcionario que se pueda sostener en el cargo si no cumple" consideró el legislador de Acción Nacional.

Por su parte, el senador perredista, Tomás Torres, secretario de la Comisión de Justicia, planteó que de nada sirve que los códigos y leyes de nuestro país  establezcan penas más severas para castigar el secuestro si los delincuentes no son capturados y juzgados.

Consideró que se tendrá que modificar las leyes par que se pueda actuar con mayor celeridad contra los secuestradores y para que sus crímenes no queden impunes.

Para Tomás Torres, los legisladores están obligados a dar una respuesta efectiva y contundente a un problema como el secuestro que amenaza los cimientos mismos del Estado mexicano.

grg