Sin ninguna explicación, los diputados de la Asamblea Legislativa DF pospusieron para hoy la discusión de reformas a la Ley de Austeridad que apoya la propuesta para que los funcionarios dedicados a combatir la inseguridad pública, incluido el jefe de Gobierno del DF, utilicen vehículos blindados.

Así también, por segunda ocasión consecutiva, las reformas legales para que las personas transgéneros (los que mantienen sus órganos y sólo cambian su apariencia) y transexuales (quienes modifican sus órganos sexuales)  cambien su nombre original por uno de acuerdo con su nueva identidad en la acta de nacimiento y en sus documentos oficiales, fue nuevamente reprogramada su discusión para este viernes ante el pleno de la Asamblea Legislativa.

Este tema estaba agendado en el último lugar del orden del día del pasado miércoles, sin embargo, los legisladores decidieron cancelar la sesión. El jueves, este dictamen nuevamente estaba programado, pero el punto fue retirado de la orden.

Se espera que en la sesión de este viernes haya un intenso debate, ya que además de incluirse este tema, se sumará la aprobación de los Programas de Desarrollo Urbano de seis delegaciones políticas y la tan esperada Ley de Obras Públicas para el Distrito Federal.

El dictamen de reformas al Código Civil y de Procedimientos Civiles del DF, elimina el cambio de sexo a través de una intervención quirúrgica o tratamiento hormonal quedó eliminada. Sin embargo,  un grupo de legisladores pretenden impulsar el matrimonio entre las personas del mismo sexo, aunque todavía no existe ninguna iniciativa.

José Luis Morúa, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF, reconoció que la nueva Ley de Austeridad en el DF exige al gobierno local que el gasto sea eficiente, por lo que de aprobarse ningún funcionario ganará más que Marcelo Ebrard; autoriza la compra de  vehículos y equipos de cómputo; y apoya el uso de vehículos blindados, sobre todo para aquellos que los funcionarios dedicados a la seguridad pública.

Otro tema que fue pospuesto por segunda ocasión consecutiva fue la regulación de la propaganda política en el transporte público concesionado.