Los gobernadores de los estados de Guanajuato y Michoacán, el panista Juan Manuel Oliva y el perredista Leonel Godoy, firmaron este jueves un convenio para blindar la zona fronteriza con acciones conjuntas contra los criminales y evitar que se desplacen de un lugar a otro.

En presencia de 15 alcaldes de la zona limítrofe de ambas entidades, formalizaron el "convenio de seguridad y procuración de justicia" para la vigilancia, patrullaje y persecución de los delincuentes.

Oliva Ramírez informó que ejecutarán programas en común con la participación de cuerpos especiales de seguridad pública, Policía Ministerial y agentes del Ministerio Público en delitos de impacto regional, con intercambio de información y recuperación de espacios públicos.

"Este es uno de los mensajes que hoy damos, vigilancia, patrullaje, firmeza y persecución conforme a la Ley en ambas entidades, para que en ninguna parte los delincuentes se sientan seguros, que sepan que estamos juntos", dijo a su vez el mandatario perredista.

El michoacano advirtió que no se permitirá que las zonas fronterizas se conviertan en tierra de nadie, sino que sean las más seguras.

"No vamos a permitir que los delincuentes comentan delitos en un territorio y se quieran refugiar en otro", dijo.

La alianza de seguridad contempla 11 municipios de Guanajuato y 14 municipios de Michoacán que conforman esta zona limítrofe y tendrá una vigencia hasta el 31 de agosto del 2012.

Algunos municipios del estado en vecindad con Michoacán son Pénjamo, Jerécuaro, Acámbaro, que registren los índices más altos en delitos de alto impacto.

Durante la firma de convenio, al micrófono los gobernadores asentaron que en el tema de la seguridad no hay filiación política, ni colores de partidos.

Los principales compromisos que asumen son el desarrollo de políticas públicas, inversión, programas de capacitación y equipamiento para elementos seguridad pública y procuración de justicia.

El gobernador panista destacó la integración de programas en materia penitenciaria, abatimiento de órdenes de aprehensión, inhibición de delitos de alto impacto con la participación de autoridades federales competentes y atención integral en zona conurbadas interestatales.

Integrarán programas operativos de vigilancia coordinada en caminos y carreteras de jurisdicción estatal y federal, actividades de combate al crimen con la participación de los tres niveles de gobierno y acciones bilaterales entre municipios colindantes para la determinación de la agenda de riesgos comunes y su tratamiento preventivo.

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