La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que prevé penas de 10 a 15 años de prisión y hasta 15 mil días de salario mínimo aun cuando hubiera consentimiento de la víctima.
Las condenas aumentarán 50% más cuando el agraviado sea menor de 18 años o no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, explicó el diputado Daniel Ordoñez Hernández.
Comete el delito de trata de personas quien induzca, promueva, capte, reclute, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, mantenga, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona mediante coacción física o moral a la privación de la libertad, al engaño o al abuso de poder, detalló.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF describió que las sanciones económicas o de prisión se harán efectivas sin disminución alguna, aun cuando el responsable confiese su participación en el delito, el cual estará considerado como grave.
Resaltó que las sanciones se incrementarán en una mitad cuando se trate de una asociación delictuosa, cuando el responsable sea funcionario público, ministro de culto religioso, extranjero, o tenga injerencia jerárquica sobre el agraviado en los ámbitos laboral, docente, doméstico, médico o de cualquier otra índole.
En los casos referidos se destituirá o inhabilitará al responsable o para desempeñar el cargo, comisión o profesión, hasta por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta, precisó el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De acuerdo con el dictamen, cuando tres o más personas se organicen de forma reiterada o permanente para cometer ese acto ilícito, se les impondrá además de las penas correspondientes, una multa de mil 500 días de salario minímo, expuso.
Ordoñez Hernández abundó que en el grado de tentativa, el delito se castigará con una pena de prisión que no será menor a la mínima y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la sanción máxima prevista para el delito consumado.
Si una persona sentenciada es penalmente responsable de trata de personas, agregó que el juez deberá condenarla también al pago de la reparación del daño en favor de la víctima, la cual incluirá costos de los tratamientos médico y psicológico, costos de transporte, alimentación, vivienda e ingresos perdidos, entre otros.
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