El documento difundido en el Diario Oficial de la Federación da a conocer los objetivos suscritos en el marco de la 23 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 21 de agosto de 2008, donde el Ejecutivo se comprometió a depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Entre los mecanismos propone apoyar a las entidades federativas en el combate a los delitos más sensibles para la sociedad, en particular la formación o fortalecimiento de unidades estatales para el combate al secuestro.

También implementar un módulo de información sustantiva en el Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México para el registro, seguimiento y combate al delito del plagio de personas.

Además está impulsar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prevé reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en actos ilícitos como el secuestro y otros cometidos con violencia, así como apoyar una Ley General del Delito del Secuestro.

Asimismo la conformación, desarrollo o fortalecimiento de unidades especializadas en combate a esa acción delictiva con el fin de desarticular bandas criminales; además de mantener un enlace permanente en la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

El objetivo 56 del acuerdo señala que se actualizarán y regularizarán los permisos colectivos de portación de armas de fuego y registro del personal en el kárdex de la Plataforma México, para que únicamente el personal en activo esté amparado en la licencia colectiva.

También se contempla fomentar en los programas de difusión, en edificios, en iglesias y en lugares de oración la cultura de la legalidad y la seguridad, la práctica de la denuncia, el combate a las adicciones, los derechos humanos y la transparencia.

El documento menciona que los medios nacionales, estatales y locales deberán dar seguimiento puntual a los acuerdos asumidos en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad fue firmado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como gobernadores de los estados, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidentes municipales.

El documento también fue signado por representantes de diversos medios de comunicación; dirigentes de organizaciones sindicales, campesinas, sociales y empresariales, así como líderes religiosos, entre otros.

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