El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseveró que la sociedad y el Estado mexicano enfrentan una situación crítica por
el embate de organizaciones criminales, el lastre de la impunidad y la
corrupción, así como la aún insuficiente colaboración entre
autoridades de todos los poderes y órdenes de gobierno.
El funcionario precisó
que la lucha frontal emprendida por el Estado mexicano contra el crimen
organizado se ha basado en atacar directamente los mecanismos de
operación de esas bandas y prueba de ello son las aprehensiones,
consignaciones y aseguramiento de droga realizados.
"Lo único que
no puede ocurrir es que se pierda la batalla contra el crimen
organizado, pues el poder y la fuerza del Estado es indudablemente
superior a la de las bandas organizadas y por ello hoy, más que nunca,
con el acuerdo la sociedad exige resultados y tendrá instrumentos para
evaluar nuestro desempeño".
Afirmó que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad es un instrumento para llevar a México al estado de seguridad y tranquilidad que reclama la población.
Durante la inauguración del VIII Encuentro Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales del país, señaló que se trata del mayor esfuerzo hecho hasta ahora para hacer efectiva la obligación del Estado.
La cual es "garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, así como una persecución efectiva del delito y la aplicación de castigos justos a quienes ofenden a la sociedad realizando conductas ilícitas".
En este sentido, indicó que dicho acuerdo tiene compromisos claros, metas específicas y tiempos determinados para su cumplimiento, de cada uno de los tres poderes federales, de los titulares del Ejecutivo de los estados y del Distrito Federal.
Así como de los poderes Legislativo y Judicial, de organizaciones ciudadanas, medias de comunicación y asociaciones religiosas.
"Es un acuerdo que nos incluye y compromete a todos, de esta manera los crímenes que conmovieron recientemente a la sociedad son un acicate para abrir una nueva época de colaboración entre autoridades y de participación ciudadana", afirmó.
Exhortó a los tribunales superiores de justicia y a las procuradurías a llevar a buen puerto la reforma constitucional en seguridad y justicia, pues tiene los elementos necesarios para una transformación profunda en estas instituciones.
En este sentido, señaló que debe expedirse una ley específica contra el secuestro y fortalecer las unidades especializadas de combate contra este delito del fuero común que tanto lastima a la sociedad.
Con la reforma constitucional, el acuerdo nacional por la seguridad y una clara estrategia de trabajo, se tiene la oportunidad de revertir la desconfianza ciudadana, la corrupción y la impunidad, y garantizar la seguridad que reclama la población, puntualizó.
sc