Todos los niveles de gobierno se comprometieron ayer a una revolución institucional y legal para responder a los reclamos de la sociedad ante la espiral de violencia, y definieron a la delincuencia, en un acuerdo político sin precedente, como “un asunto de seguridad nacional”.

En un acto en Palacio Nacional, que se prolongó por más de tres horas, los representantes de los tres Poderes de la Unión, los 31 gobernadores, el jefe de gobierno capitalino, los sindicatos, representantes de la Iglesia, empresarios, organismos civiles y medios de comunicación firmaron un pacto anticrimen de 75 compromisos que tiene plazos definidos para su cumplimiento.

“Esta no es una carta de buenas intenciones”, aseguró el presidente Felipe Calderón, quien acudió en calidad de invitado especial a una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, que por sus características y participación se convirtió en una cumbre para lanzar una cruzada nacional contra la delincuencia.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, jugó audazmente con la demanda del empresario Fernando Martí, de que renunciaran los funcionarios, de no cumplir con sus compromisos. “En lo que hace al DF yo sí te acepto el reto”, afirmó. “Si no, en el caso de la ciudad hay un procedimiento de revocación del mandato, pues que se proceda”.