"Procédase a efectuar las expropiaciones (...) para la adquisición de acciones, derechos y demás bienes" de Cemex, en cumplimiento a la ley promulgada hace dos meses mediante la cual se ordenó la nacionalización de todo el sector, dice el decreto.

El decreto está fechado el martes, cuando se informó que lo firmaría el presidente venezolano, Hugo Chávez, en lo que se supuso sería una ceremonia formal para ello, pero el gobernante optó por aludir al asunto anoche durante una alocución televisada en la que trató también otros asuntos.

"Hemos nacionalizado la industria cementera; ya basta, ya era hora, pero vean cómo lo presentan" los medios locales "como si fuera una agresión" del Gobierno contra las empresas extranjeras, manifestó el jefe de Estado.

A su juicio, con ese enfoque "apátrida" , los medios locales "están defendiendo los intereses contrarios a la nación" , aunque señaló que no habría que extrañarse porque "esa es la oligarquía" .

Chávez reiteró que la toma de control de la industria del cemento favorecerá los planes oficiales de construcción de viviendas, que se han visto obstaculizados, según la versión presidencial, porque las empresas exportan la mayoría de su producción.

El Estado venezolano tomó simbólicamente la medianoche de este lunes las plantas de la mexicana Cemex, la única de las tres empresas extranjeras afectadas por el decreto de expropiación que no logró, en el plazo de 60 días de negociación previsto en la ley, un acuerdo amistoso sobre el valor de sus instalaciones.

El Gobierno de Venezuela reveló que Cemex, que aporta alrededor de la mitad de las diez toneladas anuales de cemento producidas en el país, pedía unos mil 300 millones de dólares por sus activos.

"Si nos fuéramos por el valor de Cemex en la Bolsa de Valores (...), eso no sobrepasa los 400 millones de dólares" , replicó el martes el ministro venezolano de petróleo, Rafael Ramírez.

La suiza Holcim y la francesa Lafarge, responsables casi en partes iguales de la otra mitad de la producción nacional de cemento, acordaron, en cambio, la compraventa de la mayoría de sus acciones de manera negociada.

En el caso de Lafarge, se acordó la compraventa del 89 por ciento de sus acciones en 552 millones de dólares, y en el de Holcim el pago de 267 millones de dólares por el 85 por ciento del paquete accionarial.

El decreto venezolano se conoce un día después de que el Gobierno de México pidiera al de Venezuela la continuación de las negociaciones con Cemex "sobre la base de los principios de diálogo, trato no discriminatorio, concertación y apertura" , según un comunicado difundido por la cancillería de ese país.

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