La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) repudió la expropiación de la filial local de la cementera mexicana Cemex y la nacionalización de otras dos empresas extranjeras del sector.

El presidente de Fedecámaras, José Manuel González, aseveró en rueda de prensa que, con la nacionalización de las cementeras, el gobierno del presidente Hugo Chávez busca poner de rodillas a los empresarios para controlar sectores de la economía.

"Se gasta dinero sin ninguna necesidad en empresas eficientes, manejadas eficientemente, para tomar el control de algo que no es necesariamente estratégico, sino para seguir poniendo de rodillas a mucha gente y a muchos sectores", puntualizó el dirigente.

Añadió que la expropiación y nacionalización de las empresas cementeras extranjeras responde a un plan de Chávez para llevar al país al comunismo y se inscribe dentro de un paquete de leyes promulgada por el mandatario, las cuales ahuyentan la inversión.

"Solamente depende de los venezolanos que el comunismo, que pareciera haber llegado, haya llegado para quedarse o no, eso depende solamente de los venezolanos", puntualizó.

González enfatizó que "en un país donde ya la propiedad privada está confiscada, de acuerdo con estas leyes que fueron promulgadas, difícilmente puede haber inversión" privada.

La filial venezolana de Cemex fue expropiada anoche por el gobierno venezolano luego de fracasar las negociaciones para nacionalizar la empresa de capitales mexicanos, lo cual equivalía a que el Estado asumiera el control accionario de la firma.

El ministro venezolano de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, aseveró por su parte que en el proceso de expropiación de la filial de Cemex se cumplió lo establecido en las leyes y la Constitución de este país sudamericano.

En declaraciones a periodistas al ocupar una de las plantas de Cemex en el nororiental estado Anzoátegui, Ramírez acotó que "hemos acudido acompañados por tribunales, jueces y fiscales" para constatar la situación de las instalaciones de la firma mexicana.

Puntualizó que en Venezuela existe estado de Derecho y el sector privado tiene "todas las oportunidades y garantías que establecen nuestras leyes para preservar sus intereses".

Ramírez calificó como "estratégico" el control de una actividad "tan importante" como la producción de cemento y concreto, tras lo cual acotó que ahora, bajo control estatal, se impondrá una política de planificación coordinada en las empresas cementeras.

"Más allá del interés comercial o de la estrategia internacional de cualquier grupo privado, se impondrá el interés de los venezolanos" para garantizar el abastecimiento de la materia prima en los planes de vivienda e infraestructura, explicó.

El funcionario garantizó los derechos de los trabajadores de las empresas extranjeras afectadas por las medidas porque aquellos constituyen "un eje fundamental de nuestra actividad y de nuestra empresa".

Ramírez aseveró que los trabajadores "de la nueva Cemex, de la nueva industria del cemento, se sentirán plenamente identificados con su empresa estatal al servicio del pueblo venezolano".

Desde anoche se encuentran bajo control del Estado venezolano las instalaciones que Cemex tenía en Bolívar, Lara, Zulia y Anzoátegui luego que fracasaran las negociaciones de un acuerdo con el gobierno de Chávez.

En forma simultánea, el gobierno venezolano negoció la adquisición del 89 por ciento de las acciones de la filial de la empresa francesa Lafarge por 257 millones de dólares, así como el 85 por ciento de la suiza Holcim por 572 millones de dólares.

sc