El jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, confirmó su asistencia a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad que tendrá lugar el próximo jueves.
A través de un comunicado emitido tras el encuentro que sostuvo el mandatario local con el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, se dio a conocer que ambos funcionarios acordaron que el contenido de la estrategia nacional contra el secuestro y los acuerdos nacionales por la seguridad se tomarán de común acuerdo.
Además, se incluirán los 10 puntos propuestos por el gobierno capitalino para la toma de decisiones.
Entre los 10 puntos propuestos por el gobierno capitalino en materia de seguridad pública figuran la urgencia de construir penales de alta seguridad para secuestradores y delincuentes del orden federal, que en la actualidad son enviados a los reclusorios locales.
Se consideró la regulación de la telefonía celular, que desde el 2007 fue solicitada a la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, debido al incremento de las extorsiones que se realizan por esta vía.
Además se consideró la autorización inmediata de las frecuencias requeridas para la instalación de cámaras de seguridad y vigilancia entre los puntos a discutir en el Consejo.
También el gobierno local solicitó incluir la Garantía de Acceso por parte de las procuradurías estatales a la información relacionada con secuestros bajo la atención de instancias federales y viceversa.
Así como la implementación de medidas eficaces para el control del creciente tráfico de armas en el país, provenientes principalmente de la frontera norte.
Como el punto seis, el gobierno local propuso que se analice la instalación de cámaras de videovigilancia en todas las carreteras federales, con el propósito de impedir el tránsito de delincuentes en vehículos reportados a los sistemas de seguridad estatales y federales.
Se propuso analizar la creación a nivel nacional de Inteligencia Financiera a la que tengan acceso las autoridades locales, con el propósito de afectar el patrimonio y las utilidades de la delincuencia organizada y sus cómplices.
También instrumentar un sistema de evaluación de los órganos de seguridad y procuración de justicia y la eficacia de la inversión pública en la prevención y resolución de actos delictivos de alto impacto como el secuestro.
El establecimiento de un programa emergente de empleo en las zonas de más alta incidencia delictiva, así como la integración del órgano ciudadano nacional de Seguridad Pública y procuración de justicia, con facultades similares a las que tiene el Distrito Federal y otras entidades federativas, tales como la evaluación de indicadores de desempeño y la supervisión de los procesos de selección y capacitación de los policías, fueron parte de las propuestas que serán analizadas en la sesión del Consejo.
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