El acuerdo, promovido por la Comisión de Gobierno, fue presentado en tribuna por el diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez, quien explicó que este llamado es la contribución de legisladores capitalinos a frenar ese flagelo.

Consideró que los poderes del Estado, tanto a nivel federal como local; partidos políticos; organismos de la sociedad civil; empresarios; sindicatos; instituciones educativas; iglesias, y medios de comunicación, en fin todas las fuerzas políticas y sociales del país, sin exclusión alguna deben hacer frente común contra el crimen.

El documento señala que para concretar esta iniciativa proponen crear un órgano ciudadano, integrado por personas de reconocido prestigio, que coordine las acciones e iniciativas desarrolladas por un frente nacional contra la delincuencia y la violencia.

De igual forma, especifica que el pacto nacional contra la delincuencia organizada será el eje articulador de una política de Estado en materia de seguridad pública y procuración de justicia.

Agrega que la delincuencia debe ser concebida como un problema social grave y complejo, cuya solución exige un enfoque integral, lo que se expresa en políticas públicas comprometidas con el desarrollo económico y una perspectiva de justicia social que convoca a todos.

También subraya que es imprescindible la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública y, específicamente, en prevención social del delito.

Propone la reforma profunda y depuración de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia.

Afirma que deben promoverse evaluaciones de las políticas públicas de seguridad sustentadas con instituciones académicas, profesionales y de investigación, así como con la participación de la ciudadanía en general.

Para el éxito de una estrategia integral, dice, la participación ciudadana es un eje fundamental en la prevención y el combate a la delincuencia, pues conforme se gane la batalla se debe plantear el paulatino retiro del Ejército como parte de la lucha contra la delincuencia organizada.

Asimismo, indica que el respeto a los derechos humanos jamás debe socavarse en aras de combatir la delincuencia, pues debe fomentarse la investigación e intervención financiera de los cárteles, a fin de golpear al narconegocio en sus ganancias.

El documento menciona que la prevención social del delito debe ser la estrategia principal en materia de seguridad pública, por lo que hay que recuperar la confianza ciudadana en las instituciones, a partir de la obtención de resultados.

En los considerandos del pronunciamiento, firmado por todos los coordinadores de los diferentes grupos y coaliciones legislativas, se destaca que en la actualidad más de 5 mil homicidios relacionados con el crimen organizado se han perpetrado durante la actual administración federal.

El 10% de ellos han tenido como víctimas a policías, militares y servidores públicos; una cifra sin precedentes en la historia del país.

Asimismo, expone que de acuerdo con los datos reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional, medio millón de personas en México están vinculadas a actividades del narcotráfico.

La Procuraduría General de la República, agrega el documento, informa que el año pasado registró 530 secuestros en el país y que por cada denunciado hay ocho que no lo son, de manera que la cifra de delitos tan graves como éste, en realidad, es mucho mayor.

fml