Un paquete de reformas relacionadas con la Ley general de vías de comunicación planteará el jefe del Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de agilizar el suministro de datos vinculados con las llamadas telefónicas y que al adquirir un teléfono móvil las empresas registren el nombre del propietario.
"Ya es hora", dijo, al referir que el año pasado su gobierno solicitó esto a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pero fueron muchas gestiones sin éxito por lo que se requiere establecerlo por ley.
"Un celular sin poderlo identificar es un problema mayor, como lo hemos visto en extorsiones telefónicas, en privaciones ilegales de la libertad y en otras actividades", destacó el funcionario.
Por ello consideró indispensable la revisión del proceso penal: Código penal, Código de procedimiento penales, Ley de ejecución de sanciones penales y el planteamiento a la extinción de dominio -que se hará esta semana- para reducir la base económica de la delincuencia.
Hoy el único instrumento que se tiene, añadió, es la expropiación, que es un proceso muy complejo, muy caro y a veces poco eficaz.
Ebrard dijo que firmará los acuerdos de coordinación que sean necesarios con instancias públicas y privadas para permitir la identificación de los delincuentes, de sus asociaciones que muchas veces son sus propias familias, de su patrimonio, así como de los datos "que nos permitan combatir su enriquecimiento ilícito".
También dijo que se tomará el registro dactilar y de voz de todos los internos de los penales del DF y el gobierno agilizará la construcción del penal de alta seguridad para trasladar ahí a todos los delincuentes vinculados con secuestros, que en la actualidad son más de dos mil y se encuentran en las cárceles normales "que no han sido diseñadas para ese propósito".
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