El mexicano José Medellín se reunió hoy con su familia durante cuatro horas en el penal de Huntsville, donde este miércoles será ejecutado si el Tribunal Supremo de Estados Unidos no decide lo contrario.

Su padre, Venancio, su madre, María, y su hermana Daneida Medellín pasaron junto a José las cuatro horas que establece la ley antes de que al reo se le aplique la pena capital.

En la reunión familiar también estuvo su amiga Sandra Crisp, que será la única amiga cercana que asistirá a su ejecución y a quien Medellín ha hecho responsable de sus enseres y su cuerpo, una vez que sea ejecutado.

El mexicano, que fue trasladado ayer al edificio donde se le aplicará la inyección letal, escuchó en silencio las instrucciones previas al ajusticiamiento y declinó la cena especial que se les ofrece a los reos como última voluntad.

Medellín fue condenado a muerte en 1994 por la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, a las que él y otros cinco miembros de su pandilla violaron, golpearon y asesinaron ahorcándolas con un cinturón.

La ejecución está prevista para las 18:00 hora local de Texas (23:00 GMT) en el penal de Huntsville.

Además de su amiga Sandra, presenciarán su ejecución sus abogados Sandra Babcock, Donald Donovan y Katerine Amirfar, varios familiares de las víctimas y un grupo de periodistas.

El mexicano pidió expresamente que ninguno de sus familiares estuvieran presentes en el momento en el que se le aplique la mezcla de cloruro de potasio y otras dos sustancias químicas que detendrán su corazón.

Por parte de las víctimas acudirán el padre de Jennifer, Randy Ertman y dos amigas de la familia, Cristina Almaraz y Charline Hall.

También tienen previsto asistir los padres de Elisabeth, Adolfo y Melissa Peña, y su tío Carlos Peña.

Además, el estado de Texas ha permitido que estén los representantes de cinco medios de comunicación.

Este caso de Medellín ha generado una gran espectación internacional y ha llegado hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya.

En 2004, la CIJ ordenó que se revise este caso y el de 50 mexicanos más por considerar que Estados Unidos violó la Convención de Viena de 1963 al no informarles durante su detención de que podían recibir asistencia del Consulado de México, por lo que EEUU violó así el Tratado de la Convención de Viena.

Con este argumento, su defensa recurrió al Tribunal Supremo, con objeto de que se suspenda temporalmente su ejecución hasta que el Congreso estadounidense apruebe una ley que permita a los tribunales de Texas revisar su caso.

Hasta ahora, Texas no ha reconocido la sentencia de la Corte Internacional.

A pocas horas de su ejecución el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado, pero según ha dicho su defensa la decisión puede llegar en cualquier momento, incluso minutos antes del ajusticiamiento.

fml