La directora de la organización, Angeles López García señaló el ejecutivo estatal, de filiación panista,  se aferra a ideas conservadores y rehúsa a reconocer en  las leyes locales  los derechos de las mujeres.

"El gobierno no da garantías a las mujeres y no crea las condiciones de seguridad para proteger su integridad  y sus vidas en la casa, en la calle, en los espacios de trabajo y en las instituciones, señaló la lideresa de la organización gubernamental.

El viernes pasado Mariana Barrera, de 25 años de edad, maestra del belleza murió acuchillada por su marido en el barrio de San Juan de Dios, en la zona Centro de municipio de León,  supuestamente por celos.

Los feminicidios registrados en el año fueron ejecutados por hombres relacionados con sus víctimas por lazos sentimentales o de amistad. Del año 2000 al 2007 fueron asesinadas 300 mujeres en la entidad.

La defensora señaló que el gobernador, Juan Manuel Oliva  tiene como política" mantener la familia unidad" aún a costa de la vida de las mujeres y el legislativo se resiste a para penalizar la discriminación, el hostigamiento sexual  e incorporar la figura del feminicidio al código penal.

El gobierno coloca a las mujeres en indefensión social y jurídica, generando impunidad, enfatizó la abogada del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez.

"El feminicidio es un problema jurídico, político y estructural, para que exista es necesario el silencio, la omisión, la negligencia y la inacción de las autoridades encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar este crimen", enfatizó.

La defensora de los derechos humanos dijo que la violencia doméstica que viven las mujeres muchas veces no se denuncia porque cuando recurren al Ministerio Público no  les creen o los fiscales les piden que se desistan.

Machismo

Angeles López lamentó el desinterés del Congreso del Estado, con mayoría panista, para armonizar las leyes locales con  La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en vigor desde febrero del 2007.

"Es grave la omisión, la indiferencia y la violación al mandato legal de su función por parte del poder legislativo de Guanajuato al negarse a armonizar la legislación doméstica para reconocer a las mujeres como sujetas de derechos y los tipos y modalidades de violencia.

Actualmente 18 entidades ya cuentan con una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en tanto que el Congreso del estado sigue ocioso.