El gobierno de Estados Unidos carece de autoridad para forzar al estado de Texas a parar la ejecución de cinco mexicanos, pese a la orden de un tribunal de la ONU de que se aplace ese castigo, según reconoció el departamento de Estado.

"El Poder Ejecutivo no tiene la autoridad legal para decidir si una ejecución en un estado tendrá lugar o no", dijo Sara Mangiaracina, una portavoz del departamento de Estado.

La funcionaria explicó que el Gobierno federal reconoce que Estados Unidos está obligado según el derecho internacional a revisar los casos de 51 mexicanos en el corredor de la muerte, porque no se les informó de su derecho a contactar con el consulado de su país y recibir su ayuda legal.

"Estamos trabajando enérgicamente para seguir ese requisito", dijo Mangiaracina, quien no fue más específica al respecto.

La portavoz admitió, sin embargo, que la administración del presidente George W. Bush es incapaz de obligar a los estados a cumplir con el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El miércoles, esa Corte ordenó a EU que "tome todas las medidas necesarias" para suspender de forma provisional la ejecución de los cinco mexicanos, que son los reos que están más cerca de la inyección letal del grupo de 51 mexicanos que espera en los corredores de la muerte.

El mismo día Robert Black, el portavoz del gobernador de Texas, Rick Perry, dijo que el estado no acatará la orden del tribunal internacional y seguirá con el proceso para acabar con la vida de los condenados.

Black se apoyó en una decisión emitida en marzo por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que Texas no estaba obligado a cumplir la sentencia de la CIJ.

El estado programó para el 5 de agosto la ejecución de José Ernesto Medellín, condenado por violar y estrangular a dos adolescentes en 1993.

Los otros cuatro ciudadanos mexicanos cuya ejecución se espera también en breve son Roberto Moreno Ramos, César Roberto Fierro, Rubén Ramírez y Alberto Real García.

jigh