La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó el cierre de sólo 92 escuelas de bachillerato de los 501 planteles que identificó con irregularidades o que entran en la categoría de "escuelas patito". Ahora la Procuraduría Federal del Consumidor emprenderá una vigilancia  para "evitar abusos" e impedir que estos bachilleratos ofrezcan el servicio fuera de la ley.

Miguel Székely Pardo, subsecretario de Educación Media Superior y Antonio Morales de la Peña, titular de la Profeco, se reunieron para afinar los aspectos de los operativos que se realizan para evitar que las escuelas a las que se les haya revocado su Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE), sigan operando sin informar públicamente que no cuentan con el aval de la SEP.

Las verificaciones se realizarán conjuntamente con personal de la SEP y las sanciones pueden oscilar de 500 hasta dos millones de pesos o el doble si la falta es grave o reincidente.

"Tanto la SEP como la Profeco contamos con atribuciones y facultades previstas en la Ley para garantizar que ningún alumno resulte afectado por escuelas que no informen claramente sobre las condiciones de su registro de funcionamiento" dijo el Subsecretario Székely.

Durante este encuentro, el funcionario de la SEP explicó al Procurador que de los 501 planteles a los que se había retirado el registro, 183 han podido regularizarse y 318 están siguiendo dos cauces: en el primero, 92 instituciones ya fueron puestas a disposición de la Profeco para que les dé seguimiento y se asegure, que si alguno de estos planteles intenta dar un servicio educativo, dejen muy en claro que se les ha revocado el registro.

En la segunda vía, a los 226 planteles restantes que no se regularizaron, fueron notificados que tienen 14 días naturales para hacer valer su derecho de audiencia (en el caso de que quieran ejercerlo) y explicar el por qué no han subsanado las irregularidades detectadas en su funcionamiento.

"La SEP ha proporcionado a la Profeco la relación de las 92 escuelas a las que les fue cancelado el Registro, y sobre las cuales lleva un monitoreo, para evitar abusos e impedir que presten servicios al margen de la normatividad en perjuicio de los consumidores", afirmó el Procurador Morales de la Peña.

La Profeco en el ámbito de sus atribuciones verificará, de conformidad con la Ley Federal de Protección al Consumidor, que se proporcione a los usuarios información clara y adecuada respecto a que si se cuenta con el RVOE.

La Secretaría de Educación Pública por su parte, afirmó Miguel Székely, acompañará losoperativos de la Profeco, para garantizar que ningún alumno salga afectado y se les ofrezcan las alternativas que más convengan a sus intereses.

Asimismo se pedirá a la ciudadanía que acuda a las mesas de atención instaladas por la Profeco y la SEP para ofrecer asesorías y para ello pone a su disposición los números de la Profeco 01800 468 8722 o 55688722 área metropolitana y de la SEP 01800 112 8899.

Cuando los servicios educativos no cuenten con el Registro, se cuidará que los establecimientos lo informen de manera visible y, en caso de no hacerlo o no se informe por ningún medio que no cuentan con el Registro, se apercibirá a los establecimientos para que subsanen inmediatamente las irregularidades además de que se les podrán imponer sellos de advertencia como medida precautoria.

A su vez, se les sujetará a procedimientos administrativos por infracciones a la Ley, mismos que pueden derivar en imposición de sanciones e incluso, la clausura.

mdz