La influencia de los jefes del tráfico de drogas alcanza a las autoridades municipales, principalmente en los estados de Michoacán y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República.

Las pesquisas arrojan que los grupos de narcotraficantes también hacen obra pública que correspondería a los gobiernos locales.

Desde el arranque de la administración del presidente Felipe Calderón, el gabinete de seguridad nacional comenzó a elaborar un mapa de los municipios que están bajo el control del narcotráfico. Con esos reportes se tomaron decisiones para el despliegue de operativos en los que participan fuerzas del Ejército y elementos de la Policía Federal.

Por otra parte, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, en una entrevista que reproduce Financial Times, afirmó que las instituciones democráticas están bajo la amenaza de poderosos cárteles.

Mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores.

El señalamiento del funcionario generó de inmediato el rechazo de diputados y senadores, pero el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, negó que el gobierno federal posea indicios sobre casos concretos o particulares en los que el narcotráfico haya penetrado en el Congreso.

Integrantes de ambas cámaras exigieron a Valdés pruebas de sus declaraciones.

El coordinador de los diputados del PRD, Javier González Garza, dijo estar “absolutamente seguro” de que parte del dinero de las campañas políticas viene del narcotráfico.