Por "imprecisiones" legales, diputados de la 19 Legislatura de Baja California eliminaron del orden del día una iniciativa para modificar el Artículo 7 constitucional, encaminada a "defender la vida desde la concepción" y sancionar la interrupción del embarazo.

La propuesta, presentada por la coalición Acción Nacional-Partido Encuentro Social, no fue discutida con el resto de las fracciones, y fue motivo para que no se incluyera durante la sesión que este jueves se llevó a cabo en Tijuana.

Activistas defensoras de los derechos de las mujeres argumentaron su preocupación de que una eventual aprobación de la iniciativa represente un grave retroceso en el respeto al derecho de víctimas de violación que resultaron embarazadas.

El Código Penal de Baja California contempla la posibilidad de aborto para mujeres que resulten embarazadas en casos de violación, para los casos en que la vida de la madre corra peligro, que haya malformación del feto, o en caso de inseminación artificial sin consentimiento.

La directora de Mujeres Unidas Olimpya de Gouges, Laura Gutiérrez López, expresó que este intento impulsado por la diputada panista Gloria Loza Galván, presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso de Baja California, es un agravio para los derechos de las mujeres que hayan resultado embarazadas por alguna violación.

Es una ironía que las instituciones de salvaguardar los derechos de las personas sean las mismas que promueven violaciones, dijo la activista al manifestar su preocupación porque esta propuesta será discutida.

Criticó que los promotores de la iniciativa, entre quienes mencionó a la propia Gloria Loza Galván y al diputado Alfredo Ferreiro Velasco, actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, pretendían que se aprobara este jueves sin haberlo planteado antes con instituciones académicas, investigadores y especialistas.

Gutiérrez López recordó que en Baja California se registró el caso de Paulina, quien tenía 13 años de edad cuando quedó embarazada por un individuo que se introdujo a robar a su domicilio, y el entonces gobernador, el panista y actual senador Alejandro González Alcocer, promovió que se le impidiera someterse a un legrado.

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