Los poderes Ejecutivo y Legislativo entraron en pugna ayer, luego de que la Comisión Permanente solicitó que se destituya al director del Cisen, Guillermo Valdés, petición que fue rechazada por el gobierno federal.

Anoche en un comunicado, Gobernación estableció que la actuación del Cisen se da dentro de la legalidad, además de que está “plenamente facultado” para realizar estudios sobre el Poder Legislativo. Descartó que se espíe a legisladores.

Por la mañana, los puntos de vista de PRD y PRI coincidieron para sacar un acuerdo legislativo en el que pidieron la remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), entre otras razones, por espiar al Congreso.

En un intenso debate, el perredista Pablo Gómez afirmó que el Cisen violó la Ley de Seguridad Nacional al permitir que personas ajenas realicen actividades que corresponden al Centro, en referencia a la contratación de la empresa privada Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas, cuya actividad reveló EL UNIVERSAL el pasado 26 de mayo.

Por su parte, Francisco Arroyo, del PRI, aceptó que el punto de acuerdo no obliga al Ejecutivo a acatarlo, pero de no hacerlo “estará pagando un costo político muy alto” y dirá al Congreso el poco aprecio que le tiene.

En un segundo acuerdo, con el voto panista, la Permanente exhortó a la Secretaría de la Función Pública y al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar los contratos del Cisen.

En su boletín, Gobernación expresó que el contrato referido se encuentra dentro del ejercicio de las atribuciones del Centro.

En entrevista radiofónica con el periodista Carlos Loret de Mola, el director del Cisen mencionó que no renunciará, pues no existe razón.

Aseguró que el Cisen no espía a políticos. Sus labores, agregó, son apoyar en la guerra antinarco, luchar contra la subversión, en especial el EPR, y prevenir el terrorismo.