La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó en comisiones un dictamen con el que pide al presidente Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, la remoción del director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Ello por ordenar a la empresa "Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas" un análisis, que fue clasificado con una reserva de 12 años, sobre el trabajo de los legisladores que integran las cámaras de Diputados y de Senadores.

Pese a la oposición de diputados y senadores del PAN, la mayoría PRI, PRD, PT y Convergencia, determinó que se exhorte tanto a la Secretaría de la Función Pública como a la Auditoría Superior de la Federación para que investiguen la asignación de ese contrato.

El punto de acuerdo será presentado mañana al pleno de la Comisión Permanente, que sesionará en el Senado de la República, para su debate, votación y eventual aprobación.

EL UNIVERSAL reveló el pasado 26 de mayo que esta empresa privada dio seguimiento durante cinco meses a actividades del Poder Legislativo en México, a petición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mediante el contrato CISEN/LIQ/024/07, por un millón de pesos, la empresa "Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas" fue ocupada "para consulta de la información sobre el legislativo (sic) y su actualización continúa en la herramienta automática (base de datos), las 24 horas del día los siete días de la semana".

En el contrato, al que tuvo acceso este diario con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, los pasajes acerca de los "métodos, técnicas y procedimientos útiles a la generación de inteligencia", así como nombres de servidores públicos del Cisen fueron reservados por 12 años.

A finales de mayo se supo que "Consultores en Diseño" era una empresa dirigida por Laura Iraís Ballesteros Mancilla, quien fue candidata a diputada panista en 2006 y es cercana a Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal.

El contrato -del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por mes, antes del IVA- fue firmado por Ballesteros Mancilla y por el director del Cisen, Guillermo Valdés Castellanos, y dos funcionarios más cuyos nombres fueron clasificados en reserva.

El punto de acuerdo avalado esta noche por la Primera Comisión de la Comisión Permanente, que preside el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez, decidió que no se pidiera la intervención del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ni del procurador general de la República Eduardo Medina Mora.

mfsla