José Antonio Zepeda Segura y Agustín Castilla Marroquín dijeron que no existen elementos jurídicos, de logística que justifiquen la continuidad de este programa y la realización de más operativos policiales con base en un proyecto que fracasó y está sustentado en una política de seguridad errónea.

"Guillermo Zayas, es responsable directo de la aplicación de este operativo, pero no es el único involucrado, toda vez responde a una cadena de mando que está claramente establecida en el organigrama de la UNIPOL", insistió Zepeda.

Sostuvieron que no puede exculparse la participación y responsabilidad de altos funcionarios como el Subsecretario y el Secretario de Seguridad Pública, así como del propio Procurador capitalino.

En ese sentido, cuestionaron la imparcialidad y conducción con la que la PGJDF realizó las investigaciones, toda vez que resulta inadmisible que al ser un operativo planeado bajo el programa UNIPOL, estos servidores públicos desconocieran de la ejecución y supervisión del mismo.

"La PGJDF es juez y parte; con los resultados presentados hasta ahora no podemos confiar en la actuación de las autoridades", agregó Castilla Marroquín.

mdz