Las irrupciones con policías encapuchados y armados y con detenciones de decenas de menores de edad en discotecas, era una situación común en la ciudad de México hasta antes de la tragedia News Divine, con un saldo de 12 muertos.
Tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) como la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), realizaban constantes irrupciones en centros nocturnos.
Tan solo en los últimos 15 meses, la Procuraduría realizó 126 operativos en bares, discotecas y otros centros de diversión.
Entre los casos más sonados, resalta el acontecido en la discoteca "Bandasha", ubicada en Bosques de Durazno, número 187, en Bosques de Las Lomas.
Ahí, el 6 de octubre de 2007, 160 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), encapuchados y con armas largas, así como policías judiciales detuvieron a 80 personas.
Los 29 menores de edad que encontraron, fueron llevados a la Agencia 50 del Ministerio Público donde sus padres tuvieron que recogerlos.
De los más de 32 empleados detenidos, entre ellos el DJ, su ayudante, el personal de aseo, los acomodadores de vehículos, meseros, barman y el gerente, fueron presentados a los medios de comunicación en la Agencia 50.
El 6 de octubre de 2007 en dicha agencia central se observó a los empleados hincados, para que todos pudieran salir en la fotografía periodística.
También, el 15 de septiembre de ese mismo año, se realizó otro operativo similar en la discoteca Txai, o Casa de Piedra, ubicada en la colonia san Angel.
El 30 de octubre de 2007, en el bar Rosso, en Santa Fe, la Procuraduría arribo a ese lugar, para realizar el dispositivo policiaco denominado "Noche de Brujas".
La orden, al igual que en la News Divine fue detener a todos los menores, 40, y a los empleados.
Con todo y disfraz de Halloween, los adolescentes fueron llevados también a la Agencia Central número 50.
Ese día, varios padres de familia, de la comunidad judía, reclamaron a las autoridades su proceder.
Resalta que de los empleados acusados y detenidos en estos operativos, la mayoría han sido liberados porque no se encontraron elementos para imputarles el delito de corrupción de menores. En el caso de la Bandasha, solo a dos se les dicto el auto de formal prisión y cuatro meses después volvió a entrar en operación.
grg