Rodolfo Félix Cárdenas, titular de la PGJDF, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas indicó que se investigará a fondo lo ocurrido en esta incursión policíaca que también dejó un saldo 12 personas lesionadas -11 de ellos menores de edad-, tres de los cuales se reportan como graves.

A fin de dar transparencia a la investigación, se dará acceso a la misma a dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Hasta el momento han rendido declaración 108 personas, la mayoría víctimas menores de edad, y se continuará con las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
El procurador anunció además que será hasta este domingo cuando se resuelva la situación jurídica del dueño del lugar, Alfredo Maya Ortiz y tres de sus empleados Víctor Rodrigo Delgado Hernández, Mariana de la Cruz Gayosso y Juan Andrés Santos, como probables responsables de los hechos.

Aunque Carlos Maya, hermano del propietario, al acudir a la PGJDF, responsabilizó de las muertes a la policía que irrumpió presuntamente de forma violenta al lugar lanzando gases lacrimógenos, después de que su hermano pidió calma a los jóvenes.

Mostró la licencia que le permitía operar al lugar desde 2002, aunque desde septiembre del año pasado no se le realizaba una visita de inspección, reconoció.