La lucha en contra del crimen organizado no es una lucha solamente del gobierno, sostuvo el presidente Felipe Calderón, pues aseguró que esta tiene que ser de todo el Estado mexicano, "porque lo que está en juego no es la libertad, la seguridad o la integridad de sus gobernantes, sino de los gobernados".
Ante representantes del Poder Legislativo y del Judicial, el presidente Calderón firmó en el salón Tesorería de Palacio Nacional el decreto de la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública.
Después de destacar la importancia de este decreto, con el cual se modifica el sistema penal del país, el mandatario convocó a los ejecutivos locales a actualizar sus leyes.
"Debemos cerrar espacios a la impunidad, a la tolerancia o a la complicidad con el delito empleando para ello todos los recursos a nuestro alcance.
Es indispensable que las autoridades redoblemos esfuerzos, que no declinemos en la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, que sigamos luchando de manera firme y decidida para que los mexicanos vivan sin temor a ser violentados por el crimen".
Como oradores en el evento estuvieron el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, como César Camacho, y el presidente de la misma comisión en el Senado, Ulises Ramírez.
Mientras Mouriño Terrazo reconoció el trabajo legislativo para lograr este acuerdo de reforma, el diputado Camacho deslizó una crítica al señalar que la gente ya no aguanta más con este sistema de justicia que termina y que se encuentra agotado.
Recordó que hay 90 mil personas encarceladas sin sentencia y que el abrir un paquete de galletas puede ser considerado hasta robo con violencia.
Indicó que a cuatro años de la marcha contra la inseguridad, mientras crece la delincuencia el gobierno se centra más en su guerra contra el narcotráfico.
Sin embargo, expresó su respaldo al mandatario y que en esta lucha por recuperar la seguridad en el país, el Presidente no estará solo.
Además de contemplar la implementación de juicios orales, la reforma, que recibió luz verde legislativa a finales de marzo, autoriza el uso de grabaciones telefónicas como evidencia, delimita el procedimiento de arraigo.
La versión inicial, modificada en el Congreso después de un intenso debate, autorizaba a la policía a realizar cateos sin orden judicial en situaciones de riesgo para la vida de inocentes o durante una persecución.
mvc/grg
