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El fiscal general Mario Iguarán pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) investigue a la senadora Piedad Córdoba, quien ha actuado como mediadora con las FARC para liberar rehenes, y dos congresistas más por mantener vínculos con esa guerrilla.
Los otros dos senadores son Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente.
Solo la CSJ tiene facultad para investigar a legisladores, según la ley de Colombia.
El fiscal general dijo que los nombres de los políticos aparecen en documentos extraídos de tres computadoras que supuestamente fueron confiscadas por militares colombianos cuando el 1 de marzo incursionaron ilegalmente a Ecuador para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Iguarán también dijo que abrió investigaciones contra los periodistas Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz, y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; el ex ministro Alvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo, y el ex asesor de paz Lázaro Viveros.
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