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El Congreso local turnó al Ministerio de Justicia del estado la investigación judicial en contra del ex fiscal general del estado, Mariano Herrán Salvatti, quien enfrenta acusaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en agravio de 146 reos indígenas liberados.
El Legislativo solicitó además que se investigue la probable participación en los casos del ex secretario general de Gobierno y actual senador del PRD, Rubén Velásquez López.Sergio Lobato García, presidente de la Comisión de Justicia de la 63 Legislatura, informó que se acordó dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia del Estado de Chiapas para que investigue a Herrán Salvatti por presuntas violaciones de derechos humanos, afectación a la libertad personal y averiguaciones integradas ilegalmente.
El diputado del PRI indicó que los expedientes fueron enviados a la instancia de procuración de justicia del estado.
“ Todos los elementos y actuaciones que tenemos, dos comparecencias y más de100 fojas se remiten directamente a la Fiscalía para su estudio y seguimiento correspondiente”, precisó.El presidente de la Comisión de Justicia señaló, asimismo, que según las indagatorias preliminares “ se desprende la posible participación del entonces secretario general de gobierno, Velázquez López, para que se realice lo que corresponda a derecho”El pasado 31 de marzo el gobierno estatal liberó a 146 indígenas, luego de que se comprobaron diversas irregularidades legales en cada uno de los expedientes.
La liberación se produjo tras una prolongada huelga de hambre de los internos en los penales El Amate y los centros de readaptación social de San Cristóbal de las Casas y Playas de Catazaja, y de una jornada de movilizaciones de familiares y organismos independientes de derechos humanos.
Ante los hechos, el pasado 25 de abril Herrán Salvatti, quien funge actualmente como secretario de Economía del gobierno de Juan Sabines Guerrero, acudió a la justicia federal para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra.
El ex titular de la desaparecida Fiscalía General del Estado (FGE) fue uno de los "hombres fuertes" y políticos cercanos del ex gobernador aliancista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-2006).
Sin embargo, el abogado y especialista en derecho penal, Gabriel Soberano Velasco consideró que el Ministerio de Justicia del estado debe proceder sin tardanza en contra del ex fiscal y de su ex colaboradores.
El también consejero de la Barra Chiapaneca de Abogados explicó que una vez que se comprobaron irregularidades en los 146 expedientes, que permitieron la liberación de los indígenas, se debe acudir al proceso penal porque la tortura y privación ilegal de la libertad no necesitan denuncias ni querellas, ya que se persiguen de oficio.
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