13:51 EL gobierno federal aceptó “un diálogo directo” con el Ejército Popular Revolucionario EPR. Asentó que cualquier diferencia o conflicto debe encontrar loa canales institucionales para su discusión y eventual solución en apego a la ley.
Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, dijo que el diálogo no representa que se detengan las investigaciones en torno a la desaparición de dos militantes del EPR (que realiza la PGR), no de los atentados a instalaciones de Pemex.
En rueda de prensa leyó un mensaje institucional en el que subrayó que con el objetivo de privilegiar el diálogo “y evitar acciones de sabotaje y violencia que afectan a los mexicanos” el gobierno federal acepta un diálogo directo ; estableció condiciones y propuestas a saber: que el EPR se comprometa públicamente a suspender de forma definitiva acciones radicales de sabotaje y de violencia.
Que no se condicione el diálogo exclusivamente al interés del EPR sobre la presunta retención de dos de sus militantes, “sino también a aquello temas que le interesan al estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional”.
Recalcó que el gobierno federal propone un diálogo directo con integrantes del EPR, donde Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas – propuestos por el grupo guerrillero como sus intermediarios- participen pero cómo “testigos sociales” con el objetivo de facilitar el diálogo.
Mouriño agregó que el establecimiento del diálogo no representa que el estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley. Puntualizó:
“Por ello, no cesarán las investigaciones tanto para dar con el paradero de las dos personas a las que se refieren sus comunicados, como para actuar en contra de los responsables de los atentados contra las instalaciones estratégicas de Pemex y otras actos delictivos que han sido denunciados”.
En un mensaje de cuatro minutos, tras el cual no aceptó preguntas de los reporteros, el encargado de la política interna del país anunció que ha designado como comisionado del gobierno federal para atender este asunto a sus subsecretario de gobierno, Abraham González Uyeda.
“Para el gobierno federal es fundamental dejar a tras las acciones que han dañado el patrimonio que es de todos. Es un propósito indeclinable, por mandato de ley y por principio, exhortar a esa organización a establecer un diálogo amplio, pacifico y civilizado que permita avanzar en una agenda común.
“La paz es tare de todos, de todos es responsabilidad hacer vale el estado de derecho. De todas y todos los mexicanos es deber y obligación cuidar nuestra democracia”, señaló el secretario de gobernación.
Indicó que el estado mexicano define en su marco constitucional una forma de vida democrática que a través del dialogo y reconocimiento a la pluralidad y diversidad permite resolver en civilidad y por medio de canales institucionales las diferencias y los conflictos.
Agregó que en ese marco el gobierno federal “reitera que ante los problemas y desafíos que enfrenta México “la democracia es la forma, el método y la vía para resolver nuestras diferencias”.
Sobre los reciente comunicados difundidos por el EPR, dijo que la administración federal rechaza de manera categórica toda forma de violencia y que reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto pleno al estado de derecho.
Subrayó que la administración federal ha dado pruebas constantes de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales del país, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo económico, político y social.
Puso énfasis en que el gobierno federal “reitera de forma contundente que no ha participado en la supuesta retención-desaparición de los señores Edmundo Reyes Anaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Es importan señalar que la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa y está llevando a cabo las diligencias correspondientes”, informó.
Juan camilo Mouriño concluyó al dejar claro que la administración federal ratifica su absoluto respeto a la ley y en ese sentido no ha desarrollado ni desarrollará acción alguna para hostigar o intimidar a individuos u organizaciones sociales.
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