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Propone PAN reformas para regular difusión de programas sociales

Pretende cambios a la ley para que estos programas no sirvan de promoción de la imagen personal de algunos funcionarios
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Notimex
El Universal
Ciudad de México
Viernes 11 de abril de 2008

16:25 La diputada Margarita Martínez, del PAN, propuso reformas para regular la difusión de programas sociales debido al uso político que las autoridades capitalinas le dan para promoción de la imagen personal de algunos funcionarios.

Mediante una iniciativa, la legisladora pretende cambios a la Ley de Desarrollo Social y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Distrito Federal, pues dijo que las normas actuales en este rubro son insuficientes para frenar esta práctica.

"El marco normativo que contempla las reglas de comunicación y difusión de los programas sociales no evita que la difusión de estos beneficios sea aprovechada para difundir la imagen personal de los servidores públicos o partidos políticos", recalcó.

En entrevista, señaló casos en los que, de manera contraria a las normas que rigen la actuación de los servidores públicos, se ha difundido o publicitado la puesta en marcha de programas sociales.

Esto, dijo, al grado de que podría afirmarse que ningún programa social en la capital ha quedado en el anonimato, no desde el punto de vista de la comunicación, sino política y hasta electoral.

La también integrante de la Comisión de Participación Ciudadana en la ALDF, destacó la importancia de que la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal se reforme.

Es necesario se regule que la difusión, comunicación o publicidad de programas sociales se haga bajo los principios de austeridad, información, transparencia y legalidad.

Asimismo, consideró necesario que estas modificaciones contemplen la suspensión de la difusión de los programas sociales, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la denuncia.

Lo anterior, cuando se detecte que es aprovechada o sirve para promover la imagen, nombre o persona de cualquier servidor público, partido político o tercero.

"De constatarse que la difusión de programas sociales se aprovechó para difundir la imagen de cualquier servidor público, partido o tercero, debe preverse que la Contraloría General pueda ordenar la cancelación de la comunicación del programa de que se trate".

Explicó que esta reforma implicará también una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Esto, a fin de otorgarle atribuciones al órgano de control para que tan pronto se advierta que un acto afecte las normas del servicio público, sea suspendido y en su caso ordene el cese del mismo.

mdzh


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