16:30 La fracción del PRI en la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a ejercer los 26 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos 2008 para la defensa legal de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Después de que la Suprema Corte de Estados Unidos reactivó los procesos de los 51 sentenciados a muerte y decretó que no tomará en cuenta el fallo de la Corte Internacional de La Haya para revisar dichos casos, es necesario que el gobierno mexicano fije una postura al respecto, dijo Edmundo Ramírez Martínez.
El coordinador del grupo de trabajo en Materia Migratoria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó el silencio del Ejecutivo federal en el "Caso Avena" y dijo que el Congreso dotó a la cancillería de los recursos para la defensa legal de los mexicanos.
Comentó que existen 26 millones de pesos en el Programa de
Asistencia Jurídica a Mexicanos Condenados a Muerte y otros 800 millones en la Red de Protección Consular Mexicana.
"Hasta el momento en la Cámara de Diputados no sabemos cómo, dónde, con quién y cuándo se han utilizado".
El diputado federal priista agregó en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro que las fuerzas políticas del Congreso de la Unión están preocupadas, pues el fallo de la Corte de Estados Unidos reactiva las sentencias.
Informó que a la lista de esos 51 mexicanos ya sentenciados se suman otros 104 que están en proceso de ser condenados a muerte.
"Tenemos 155 mexicanos en esa situación y lo que estamos
exigiendo en la Cámara de Diputados es pedirle, exigirle a la cancillería, al Poder Ejecutivo, que emita al más alto nivel una posición de rechazo en este tema", insistió.
Ramírez Martínez comentó que hasta el momento ninguno de los candidatos presidenciales en Estados Unidos se ha referido a este tema y, en su opinión, la postura que asuman deberá ser decisiva de hacia dónde se inclina el llamado voto hispano.
Anunció que esta semana se solicitará a la canciller Patricia Espinosa un informe detallado de los 51 casos, nombres, las fechas de sentencias y los recursos legales que se presentarán para aplazar las ejecuciones y anular las condenas.
El secretario de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios dijo que los casos más urgentes a atender son los del estado de Texas, ya que las sentencias son a corto plazo y algunas, de no revertirse, deberán ejecutarse en algunos meses.
vsg
