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Da STPS respuesta inicial a organizaciones sindicales y campesinas

Expresa el secretario Javier Lozano Alarcón que la posición del gobierno federal sobre la actualización del marco normativo del sector laboral es que no debe haber modificación alguna al Artículo 123 constitucional
Ciudad de México | Martes 25 de marzo de 2008 Notimex | El Universal19:55

El gobierno federal entregó a la alianza clasista compuesta por organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil una respuesta inicial a sus 35 planteamientos expuestos el 6 de marzo en la Secretaría de Gobernación.

El secretario del Trabajo, Javier Lozano, como responsable de la conducción del proceso de diálogo, reiteró la voluntad del gobierno federal para buscar soluciones a los planteamientos del Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) convocó a los integrantes de ese movimiento a una reunión para mañana 26 de marzo a las 17:30 horas en la sede de esa dependencia y ratificó el compromiso para la búsqueda de soluciones a sus demandas.

Expuso que la "voluntad de diálogo del gobierno del presidente Felipe Calderón no tiene más límite que el respeto a la ley, a las instituciones y a lo dispuesto por el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación" aprobado por la Cámara de Diputados.

El funcionario explicó que con esto se pretende lograr acuerdos satisfactorios que permitan avanzar en el diseño de políticas públicas para los menos favorecidos, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Precisó que en la reunión participarían los secretarios de Economía, Eduardo Sojo; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas; así como el subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda.

En la misiva Lozano propuso que la agenda de trabajo se centre en la "definición y aprobación de temas prioritarios; definición y aprobación del formato de trabajo para atender a los tres bloques y el calendario de secciones para la mesa de diálogo y las correspondientes mesas temáticas".

En el caso de la iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, Lozano Alarcón expuso que la posición del gobierno federal sobre la actualización del marco normativo del sector laboral es que no debe haber modificación alguna al Artículo 123 constitucional.

"La administración federal no pretende presentar iniciativa ni emprender acción alguna que pudiera violentar los derechos laborales y sindicales actualmente reconocidos", expuso.

Sobre el conflicto del sindicato minero, subrayó que la dependencia a su cargo continuará con las gestiones necesarias tanto con la parte sindical como con la patronal, para solucionar el problema laboral que existe entre ese gremio y Grupo México.

Comentó que actualmente se encuentra en revisión el amparo recibido en favor de la organización gremial en relación con la Unidad Minera de Cananea. En relación con la situación legal de Napoleón Gómez Urrutia, aclaró que la Secretaría de Trabajo es respetuosa que las determinaciones judiciales que se emitan en torno a este caso.

En cuanto a los reclamos de los familiares de los mineros muertos en Pasta de Conchos, dijo que según el resolutivo del foro consultivo científico y tecnológico "no existen condiciones para proseguir con el rescate de los cuerpos de los mineros" .

Respecto a la reinstalación de los trabajadores detenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) , dijo que a finales de 2007 inició el proceso y la firma de convenios de finiquito para 200 ellos que habían aceptado su liquidación, de los cuales 185 ya firmaron el convenio.

De la situación de los trabajadores despedidos de Vidriera del Potosí, dijo que de los 234 trabajadores que fueron separados de su fuente laboral, 145 de ellos ya han aceptado su liquidación y sólo quedan pendientes los casos de 89 trabajadores.

En torno a la huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), expuso que la dependencia a su cargo ha convocado a las dos partes para poner mayor empeño y hacer a un lado sus diferencia y resolver el conflicto laboral en esa casa de estudios.

Sobre los planteamientos del movimiento campesino, Lozano Alarcón señaló que la Sagarpa reiteró su disposición a analizar y discutir las propuestas presentadas por las organizaciones rurales con el fin de incorporarlas en el marco normativo vigente. También hizo referencia a la solicitud de la revisión y ajuste del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Lozano Alarcón respondió que el gobierno analizará en la mesa de diálogo con las organizaciones campesinas las acciones que se deban realizar en favor del sector, con base en el marco jurídico vigente y en las disposiciones del TLCAN y multilaterales de la Organización Muncial de Comercio (OMC).

Asimismo respondió a la solicitud de un decreto presidencial para establecer un mecanismo de las importaciones y exportaciones de maíz, frijol, leche en polvo, edulcorantes y demás productos considerados como básicos y estratégicos para la soberanía alimentaria.

"La Sagarpa y la Secretaría de Economía se sentarán a la mesa de diálogo con las organizaciones campesinas para encontrar los esquemas jurídicos y las decisiones gubernamentales para la protección de estos productos básicos, conforme lo especifican las leyes y acuerdos de libre comercio", detalló.

Con respecto a la revisión del nuevo reglamento del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, señaló que en los próximos días será publicado el Diario Oficial de la Federación el nuevo marco normativo de este organismo.

Lozano Alarcón dijo que el gobierno federal ha respondido de manera oportuna a la solicitud planteada por las organizaciones sindicales y campesinas de establecer un programa de empleo en las zonas rurales y en zonas de mano de obras.

Prueba de ello agregó, es que el gobierno federal pagará las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infonavit durante un año y medio a las empresas que se establezcan en estos lugares.

fml



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