20:18 Hay presunción de que Juan Camilo Mouriño no respetó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, revela análisis que hacen abogados de grupos parlamentarios en el Senado.
En la preparación de la documentación que el próximo martes evaluarán los senadores para determinar si se crea o no una comisión que investigue al ahora secretario de Gobernación, se ha incluido el artículo 8 de la ley de responsabilidades.
Dicho precepto establece que:
“Artículo 8.-Todo servidor tendrá las siguientes obligaciones:
XX.-Abstenerse, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público”.
El secretario de Gobernación, en entrevista el pasado jueves con el periodista Joaquín López-Dóriga, confírmó que en el 2004 firmó contratos como apoderado de la empresa Transportes Especializados Ivancar S.A. de C. V., cuando era funcionario de la secretaría de Energía.
Los abogados y asesores legislativos consultados este domingo, también han hecho la observación de que ante esa presunta evidencia, el quejoso tendría que presentar la denuncia correspondiente en la Secretaría de la Función Pública.
Según las mismas fuentes, jurídicamente, para el Senado no sería posible integrar una comisión bicameral como lo ha solicitado Carlos Navarrete, coordinador del grupo parlamentario del PRD.
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución y lo que establece la ley orgánica del Congreso, argumentan, el Senado no tiene la facultad de crear una comisión para investigar personas, aún cuando sean servidores públicos.
El artículo 93 fue el que citó Navarrete para fundamentar su petición en la tribuna del Senado la semana pasada, y es otro de los preceptos que considerarán los legisladores el próximo martes.
Artículo 93 de la Constitución:
“Los secretarios del Despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
“Cualquiera de las cámaras podrá citar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades”.
“Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del ejecutivo federal”.
Según abogados y asesores, aun cuando el PRD en el Senado cumpliera con las 64 (la mitad de 128 senadores) firmas que exige la ley, no procede crear la comisión bicameral porque la solicitud perredista tiene como finalidad investigar a una persona.
Los perredistas, en opinión de los expertos, además de la opción de presentar la denuncia en la Secretaría de la Función Pública, podrían acudir ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, que preside el diputado Antonio Ortega Martínez, hermano de Jesús Ortega, quien aspira a la presidencia nacional de dicho partido.
El próximo martes, los coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política del Senado, deberán resolver el curso que deberá de seguir la petición de Navarrete.
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