17:58 A consecuencia de un acuerdo del Poder Legislativo, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, recibió hoy a familiares de los mineros fallecidos en la mina de Pasta de Conchos en febrero de 2006.
Informes oficiales revelan que funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no actuaron a pesar de contar con información, desde dos años antes, de que las condiciones de la mina ponían en riesgo a los mineros, además de que hicieron caso omiso a 48 medidas de seguridad que no cumplía la empresa.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó el pasado 31 de enero a cuatro funcionarios de la STPS, por su responsabilidad en el accidente de la mina de Pasta de Conchos, el 19 de febrero de 2006, en el estado de Coahuila, donde murieron 65 mineros.
La Función Pública también inició procedimiento en contra del delegado de esa dependencia, Pedro Isaac Camarillo Adame.
De acuerdo con un comunicado de Gobernación, emitido esta tarde, Mouriño Terrazo escuchó las peticiones y necesidades de los deudos y mencionó que el Presidente Felipe Calderón ordenó a sus colaboradores realizar todo lo humanamente posible para ofrecer soluciones ante este lamentable acontecimiento.
Después de hacer una cronología del accidente, los deudos, a través de Elvira Martínez, comentaron que su principal demanda es que los cuerpos que permanecen en la mina sean rescatados.
El 5 de octubre de 2007, la Secretaría de Gobernación llamó a la gente a no intentar ingresar a la mina, para no poner en riesgo sus vidas al tratar de rescatar los cuerpos de quienes perecieron ahí.
La Secretaría de Gobernación expresó el compromiso de apoyar a los familiares para que el próximo 10 de marzo se presente ante la Secretaría de Economía (Coordinación General de Minas) una solicitud de verificación para constatar que la Minera México no realiza ningún trabajo en la mina, precisó la dependencia.
Además de los familiares de los mineros fallecidos, participaron en la reunión el senador José Luis García Zalvidea y los diputados Arturo Rivero y José Antonio Almazán, integrantes de la Comisión Legislativa que atiende este tema.
mdzh
