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Reformas judiciales inadecuadas para situación que vive México

Opinan especialistas sobre la reforma aprobada que las medidas no resolverán la inseguridad que vive el país
Ciudad de México | Sábado 23 de febrero de 2008 Notimex | El Universal11:28

Las reformas constitucionales en materia judicial no resolverán la inseguridad que vive el país, ya que los encargados de la aplicación y administración de justicia no cuentan con la profesionalización para ejecutarlas correctamente.

Así opinaron especialistas sobre la reforma aprobada en comisiones legislativas y que ha generado una nutrida discusión entre los partidos políticos, aunque el debate entre académicos continúa con escepticismo hacia este nuevo sistema de justicia penal.

Para el penalista Carlos Natarén Nandayapa, el sistema de justicia penal en México aplica la fórmula de "la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil" y consideró que esa debilidad está en la policía, el Ministerio Público y demás actores del proceso.

El experto en temas jurídicos expresó que no se puede pensar en un mejor sistema de justicia penal cuando "la policía es un eslabón mal pagado, mal considerado, lo que no se va a arreglar dándole más facultades" .

"Si haces una reforma que da más facultades a la policía, pero que se olvida de ella y la deja como está, resulta que esa misma policía cuenta con más posibilidades de violar los derechos humanos y de cometer arbitrariedades" , advirtió Natarén Nandayapa.

Abundó que esta debilidad no se soluciona con lo que llamó "un fetichismo legal" , que es creer que con reformas constitucionales cambiará la situación, cuando los responsables de procuración y administración de justicia son débiles, lo que origina un temor de que aumenten las violaciones a las garantías individuales.

Desde principios de los años noventa, el debate sobre la justicia y los procesos penales cobró gran auge y a partir de ese momento se hicieron presentes reformas a la Carta Magna, con sus lógicas consecuencias.

Entre las secuelas de los citados cambios están la modificación de los códigos penales y civiles, cambios en las estructuras policiacas, entre otras.

La discusión sobre un nuevo sistema de justicia tiene que ver en gran medida con los escasos resultados positivos registrados a partir de esas reformas, pues todavía no existe la confianza de la ciudadanía hacia los órganos de justicia.

El experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM aseguró que un legislador "responsable" tendría que plantear normas que desarrollen ese sistema, como una ley para mejorar a las policías o la formación de agentes del Ministerio Público.

Sobre los cateos sin orden judicial en caso de flagrancia o cuando esté en peligro la vida o integridad de una persona, refirió que en cualquier país la policía podría entrar a un domicilio cuando existiese flagrancia, "sin embargo estamos hablando de nuestras circunstancias"

Natarén Nandayapa añadió que esto tiene que ver en "cómo vamos a hacer para transformar y fortalecer a los actores del proceso penal, entre ellos los agentes del Ministerio Público, los policías, los jueces y los defensores públicos" .

Consideró que como se discuten las reformas constitucionales en materia judicial se pierde de vista el detalle de la verdadera situación nacional con las reformas a la constitución "como única receta" , lo que es "un dato preocupante" .

"Cambiar la Constitución en sí mismo no resuelve el problema, si esa es nuestra única receta es un salto al vacío, no garantiza nada, estamos arriesgando muchas de las garantías que tenemos, en la medida que queremos resolverlo haciendo un cambio a las normas" , recalcó.

La tesis de jurisprudencia 75/2004 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que la policía puede entrar a un domicilio cuando se tengan datos ciertos de que se comete un delito, requisito que es una prueba menor a la que prevé la reforma.

A partir de lo dispuesto, tener datos ciertos significa que con menos pruebas las autoridades pueden catear un domicilio, mientras que la reforma que se discute en el Congreso establece que se debe probar que está en peligro la vida o que un delito está en curso.

A este respecto, el especialista opinó que "no es lo mismo tener datos ciertos de cualquier delito que un supuesto en el cual la vida o la integridad física está en peligro. Me parece que en este momento hay más autorizaciones que lo que las reformas plantean" .

Sin embargo, el jurista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recalcó que no se deben dejar de lado las precauciones, pues incorporarlo a la Constitución es darle un carácter de definitividad.

"Si para los siguientes años vamos a tener una policía con capacidad de entrar en flagrancia, me parece que requiere una serie de garantías para el ciudadano, necesitamos que la policía esté mejor preparada que la que tenemos ahora", detalló.

Carlos Natarén puntualizó que el tema en cualquier otra parte del mundo "no haría problema, nadie se estaría desgarrando las vestiduras por decir que la policía puede entrar a un domicilio".

Reformas judiciales son... tres y última... domicilio El problema, subrayó, son las circunstancias que vivimos, ya que no confiamos en la policía, además de que estamos acostumbrados a que la reforma se hace y luego se abandona, lo que genera la sensación de peligro y de preocupación.

El letrado en este tema aseguró que si sólo se efectúa la reforma constitucional y no se cambia a la policía, lo que requiere una voluntad política grande, una inversión, un plazo y organización, si no se hace ese esfuerzo sería mejor continuar igual.

Indicó que primero debe desarrollarse la carrera judicial que dé origen a una policía que genere respeto social y que se gane la confianza de la población.

A su vez, Pablo Monzalvo Pérez, del Diplomado de Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana (UIA) , manifestó que con la reforma existe el riesgo de que el Estado recurra a la fuerza "sin control ni medida" para combatir a la delincuencia.

El investigador consideró que nunca ha sido fácil garantizar la seguridad, aunque ello no significa que el problema de la violencia se solucione con más violencia, en lugar de recurrir a la inteligencia, la organización y la capacitación.

Otra problemática que encierra estas reformas es la capacidad presupuestal de las instituciones para la aplicación de la normatividad, pues en algunos casos requiere de modificaciones de infraestructura y de recursos materiales, así como humanos.

En 2007 se reformó el Artículo 18 de la Constitución, referente a la justicia para menores, un cambio positivo que obliga a que sean juzgados por tribunales especializados, sin embargo este mandato durante algún tiempo no se cumplió a plenitud por falta de presupuesto para crear órganos y designar jueces.

Ello provocó que el sistema que funcionaba antes de la reforma, y que es el único que por cuestiones presupuestales puede aplicarse, dejara de ser vigente, y de ponerse en marcha, al iniciar un proceso contra un menor se convertiría en un juicio inconstitucional.

Hasta fechas recientes los poderes judiciales empiezan a recuperar la normalidad en el procesamiento de los menores, pero hubo un periodo en el cual no podían ser juzgados, pues no existían los órganos que ordenaba la Constitución.

Esta situación podría hacerse presente en los demás aspectos que toca la reforma, como los juicios orales, que para su ejecución requieren desde una estructura organizacional hasta instalaciones aptas para que se lleven a cabo.

En los mismos artículos transitorios de la minuta que se discute en la Cámara de Diputados se reconoce que es necesario un tiempo para la aplicación, organización y el desarrollo de líneas presupuestales, a fin de que puedan adoptarse.

jigh



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