16:36 El senador Carlos Sotelo García acusó al gobierno de Zacatecas de coaccionar e inducir el voto a favor de los candidatos de Izquierda Unida para la dirigencia estatal y nacional del PRD.
En un comunicado difundido hoy, asegura que altos funcionarios del gobierno de Zacatecas están acusados de desviar recursos públicos, restringir programas sociales y amenazar a trabajadores a fin de coaccionar el voto del proceso interno del PRD.
El Senador Sotelo y la diputada Federal, Susana Monreal, pidieron a la gobernadora Amalia García la separación inmediata de los secretarios de Planeación y Desarrollo Regional, Víctor Armas Zagoyo y el de Desarrollo Agropecuario, Daniel Fajardo Ortiz.
Susana Monreal explicó además que presidentes municipales han denunciado ser objeto de presiones y amenazas por parte de Víctor Armas y Daniel Fajardo. Una de las constantes irregularidades ha sido la suspensión de la aplicación de los programas sociales si no gestionan el voto a favor del candidato oficial.
La gobernadora de Zacatecas, Amalia García es la fundadora y dirigente de la corriente Foro Nuevo Sol, que junto con otro grupo de corrientes conforman Izquierda Unida, frente que apoya la candidatura de Alejandro Encinas para la dirigencia nacional.
Según Sotelo, el gobierno de Zacatecas pretende imponer en el estado a Gerardo Romo Fonseca y por tanto pidió investigar la participación de funcionarios menores de las secretarías de Educación y Cultura, y del Sistema Integral de la Familia, que también están acusados de los mismos delitos.
El avance de Nueva Izquierda y sus aliados en Zacatecas ha puesto nerviosos a funcionarios públicos, quienes en su desesperación han incurrido en irregularidades administrativas, añadió Carlos Sotelo.
"Los testimonios revelan que aún sin importarles que afecten la imagen de la administración local, esos servidores públicos realizan acciones directas para favorecer a Gerardo Romo en la contienda interna del Partido de la Revolución Democrática", señala el documento.
De acuerdo con las denuncias, "estos funcionarios públicos habrían incurrido en actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; actos y omisiones que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho".
Susana Monreal añadió que el caso del municipio de Fresnillo es simbólico, pues en la Cámara de Diputados ella gestionó que la Secretaría de Hacienda liberara recursos por 75 millones de pesos para proyectos hidráulicos, sin embargo, los recursos se suspendieron y funcionarios federales explicaron que el gobierno estatal no tiene disposición de canalizar la remesa.
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