14:59 Para la negociación de la Iniciativa Mérida, México convenció a Estados Unidos de que su tarea en la lucha contra el crimen organizado inició desde que el presidente Felipe Calderón asumió la Presidencia, como parte de una estrategia nacional y no bilateral.
Además, aseguró al gobierno estadounidense que la Iniciativa Mérida estaría respaldada en la modernización, entrenamiento y capacitación en las instituciones mexicanas involucradas en este acuerdo.
Carlos Rico Ferrat, subsecretario de América del Norte, reconoció que el gobierno de Felipe Calderón tuvo que replantear conceptualmente cuál debería de ser la relación bilateral que mantenía con Estados Unidos, donde los recursos eran básicos para realización de este plan, pero los compromisos asumidos con base en la responsabilidad compartida eran los más importantes.
En un ensayo elaborado por el subsecretario para la revista Foreign Affairs en Español, se describe cómo luego de la reunión bilateral en marzo de 2007, entre el presidente estadounidense George W. Bus, en Mérida, se realizó una consulta intersecretarial para conocer las necesidades de cada dependencia en el marco del proyecto de modernización e incremento de capacidades que ya se había decidido emprender.
Las consultas internas duraron hasta mayo, y en ese mismo mes dieron inicio los diálogos bilaterales, “orientadas al diseño de un nuevo esquema de cooperación en el que fueran plenamente asumidas las especificidades que ésta debe tener en el marco de nuestra contigüidad geográfica”.
Carlos Rico reconoce que una de las etapas más claramente identificadas en la discusión interna fue la “desagregación por dependencia”, que del lado mexicano caracterizaba la cooperación existente, y donde la transferencia de recursos era “limitada y casuística”.
Rico Ferrat explica que para ello, la consulta bilateral se organizó a través de ventanillas únicas.
Dentro del nuevo concepto de la relación bilateral, México argumentó que la cooperación entre los países no podía centrarse únicamente en la transferencia de recursos, pues lo más importante resultaba en “un compromiso claro por parte de ambos gobiernos para llevara a cabo acciones decididas en su propia jurisdicción”.
En este periodo, la Casa Blanca y el gobierno de México identificaron con la frase “combate común contra un enemigo común”, las acciones emprendidas en este tema.
En cuanto a las acciones contra el tráfico de armas, precursores químicos y dinero en efectivo, ambos gobiernos identificaron que el desarrollo pleno de intercambio de inteligencia, no sólo para detectar envíos a México de terceros países sino también, por ejemplo, desarticular las redes delincuenciales implicadas en el tráfico de armas y otros delitos que afectan a las poblaciones.
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