00:02 La defensa de los procesados por la matanza de Acteal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso, para que revise las irregularidades registradas durante el juicio y dicte los criterios de debido proceso que deben seguir los jueces en México.
Javier Angulo Nobara, representante común de la defensa, informó que la intervención de la Corte se solicitó al presentar la apelación contra la sentencia de 26 años de prisión dictada a 36 de los inculpados.
La defensa, que está a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE), prepara también el amparo para otros 18 procesados, en el que también se pedirá a la Corte atraer el caso, explicó el abogado en conferencia de prensa, acompañado de Antonio Caballero, director de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y de Ricardo Raphael, presidente de la organización Alternativa Ciudadana 21.
“Nuestra lucha es por el debido proceso, que no es un tema menor, se trata de poder tener confianza en nuestros jueces”, destacó, tras la presentación del video “Acteal, crónicas de impunidad e injusticia”, realizado por el escritor Víctor Ronquillo y Alternativa Ciudadana 21, también involucrada en la defensa de los inculpados.
El video reúne una serie de testimonios sobre las irregularidades del proceso, como la detención de los presuntos responsables sin órdenes de aprehensión, elaboración de listas de culpables, identificación de los inculpados mediante la exhibición previa de álbumes fotográficos a los testigos y desestimación de pruebas de descargo por parte de los jueces que han llevado el caso.
Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, y Ricardo Raphael explicaron que el caso es paradigmático de lo que ocurre en el sistema de justicia mexicano, en el que los sectores con menos recursos pueden ser acusados y sentenciados con evidencia fabricada o sin pruebas, como ocurrió en Acteal por la premura de dar una solución política al conflicto.
“Acteal es un caso incómodo, sería más fácil estar de lado de las víctimas, pero queremos demostrar que en México todos los ciudadanos tienen derecho al debido proceso”, afirmó Magaloni.
Ricardo Raphael pidió a los medios ir más allá del debate sobre si Acteal fue o no un crimen de Estado para poner el acento en los diez años perdidos y en la injusticia cometida contra la mayoría de los procesados, que son también víctimas.
Javier Angulo confió en que la Corte acepte revisar el caso, y que a mediados del próximo año dicte una resolución definitiva, “en la que también se fijen los estándares de lo que debe ocurrir en un juicio”, y no se repita la actuación de los jueces del caso Acteal en ningún otro proceso.
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