francisco.gomez@eluniversal.com.mxREYNOSA, Tamps.— Esta es una frontera más que “caliente” o peligrosa. De ello hablan los mil 750 asesinatos ocurridos de 2000 a 2007 a todo lo largo de los 340 kilómetros de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. La mayoría de esos homicidios, si no es que todos, tienen una sola explicación: el narcotráfico.
El aumento en los últimos dos años de los niveles de violencia asociados con el narcotráfico en Tamaulipas, estado que informes de la Procuraduría general de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) ubican como centro de operación del cártel del Golfo y de su grupo armado Los Zetas, se debe a la cruenta batalla que esta organización mantiene con sus enemigos del cártel de Sinaloa.
Morir en la frontera tamaulipeca es encontrarse de frente con la impunidad de la violencia del narcotráfico. En los diez municipios fronterizos, los asesinatos ocurren a plena luz del día, en plazas públicas, frente a cientos de personas, en carreteras o en parejas solitarios.
Entre los últimos homicidios que pasaron a las “estadísticas de la muerte”, se encuentra el del político y empresario, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, quien fue acribillado hace una semana en la plaza principal de Río Bravo, junto con otras cinco personas que le acompañaban, lo que provocó que hoy el Ejército realice un amplio despliegue del número de sus efectivos destacamentados en la frontera.
Los disparos de armas cortas y largas, como los rifles R-15 y los fusiles AK-47, han dejado su mortal saldo principalmente en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, las tres ciudades fronterizas principales de Tamaulipas y en las que ha ocurrido alrededor de 80% de los homicidios documentados por el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos.
La presencia del Ejército en la frontera que en los últimos días se ha incrementado, también ha conllevado críticas. El citado centro, a través de una de sus funcionarias, Rebeca Rodríguez, considera que lo que se ha llamado “militarización de la frontera” tiene su sustento en el ataque frontal al crimen organizado, pero argumenta que son las autoridades civiles, en específico la PGR y la SSPF, las que deben asumir esa tarea.
Aquí en esta entidad, en la que el Ejército denunció una campaña de desprestigio en su contra en octubre pasado, la representante del organismo no gubernamental explica que uno de los riesgos de que militares asuman prácticamente el control del combate al narcotráfico, es la comisión de violaciones a derechos humanos en retenes, cateos y operativos y por ello son los 11 casos de abusos de soldados atendidos por el centro en 2007.
La llegada de más tropas del Ejército a toda la frontera de Tamaulipas se produce en un contexto de violencia y asesinatos de políticos, policías y hasta de artistas. Hoy se cumple una semana de que fueron acribillados Guajardo Anzaldúa, sus escoltas elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y colaboradores en Río Bravo, además de la ejecución de la cantante grupera Zayda Peña Arjona. Pero la violencia tiene otro ingrediente atemorizante: los llamados “levantones”.
La prensa reporta que en los últimos cinco años hubo un total de 899 “levantones” o secuestros, de los cuales se ha documentado al menos que 50% de estos plagios fueron cometidos por grupos armados; es decir, sicarios al servicio del narcotráfico, pero algo que causa preocupación es que de acuerdo con esos informes es que en 54 del total de casos están involucrados policías de diferentes corporaciones.
