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El municipio de Zamora, Michoacán, es uno de los centros de operaciones del cártel del Golfo, que ha sido escenario de ejecuciones incluso de militares, como parte de la lucha que libra esa organización criminal por el control del territorio que antes pertenecía al cártel de Los Valencia.
Informes de la Procuraduría General de la República (PGR) dan cuenta de que esta localidad, es uno de los bastiones del poder de Los Zetas y del grupo conocido como La Familia, que durante 2006 se adjudicó la autoría de al menos 17 decapitaciones en la entidad.
Aunque la influencia de este grupo del crimen organizado se ha extendido a otras regiones de Michoacán, como Aguililla, Curécuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Apatzingán —donde en 2005 había campos de entrenamientos de sicarios—, en los que en los últimos 12 meses narcotraficantes se han enfrentado con personal del Ejército.
De hecho, el 14 de abril de este año, en Zamora, dos militares fueron secuestrados. Los cuerpos de Cosme Castillo Carrillo y Hugo Hernández Madriz, fueron localizados dos días después y junto a los cuerpos se encontró un narcomensaje con la leyenda: “el que se mete se muere”.
De acuerdo con autoridades de la PGR, éstas son zonas claves para el trasiego de droga, pues forman parte de una de las principales rutas para el traslado de los cargamentos de estupefacientes que tienen como destino Estados Unidos; por ello, no fue casual que el 11 de diciembre de 2006, esta región fuera blanco del primer Operativo Conjunto de las fuerzas federales.
Aquí, la PGR ha documentado no sólo la complicidad de las policías locales con los narcos, también su relación con el poder político.
