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INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD
JUAN FRACISCO EALY ORTIZ
DOMINGO, 14 DE OCTUBRE DE 2007
ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP
MIAMI, FLORIDA
Señoras y señores:
La violencia contra los periodistas continúa en las Américas. Su signo más grave. La impunidad, sigue dominando una porción muy significativa de los casos ocurridos. Hemos redoblado ante ello nuestra tarea y nuestros esfuerzos en el combate a este problema, con resultados concretos.
En este último semestre la violencia enlutó a medios de comunicación y salas de redacción de numerosos países. Fueron asesinados ocho periodistas; Salvador Sánchez, de El Salvador; Javier Darío Arroyave, de Colombia; Alberto Palma, de Paraguay; Chauncey Bailey, de Estados Unidos; Luiz Carlos Barbon, de Brasil; Miguel Pérez Julia, de Perú, así como Saúl Martínez Ortega y Amado Ramírez, de México.
También, el paradero de los periodistas mexicanos Gamaliel López y Gerardo Paredes, sigue sin conocerse desde que desaparecieron en mayo pasado.
En honor a las víctimas, en solidaridad con sus familias y en reclamo de los gobiernos para que esclarezcan estos crímenes, los invito a guardar un minuto de silencio...
Existe un sentido de frustración que nos embarga cada vez que un periodista cae abatido en el ejercicio de su profesión, por la pérdida de una vida, por el impacto que ello causa en su familia, su gremio y su comunidad.
También, por el ominoso silencio que en no pocas ocasiones se extiende sobre las causas y los responsables de su muerte, así como porque ello impone un patrón de autocensura en un número cada vez mayor de colegas y empresas periodísticas.
En contraparte, debemos subrayar que existen indicios de que la tarea de todos nosotros, así como un mayor nivel de conciencia social, entre otros factores, está logrando que este fenómeno muestre signos de contención.
La señal más importante es que, de acuerdo con cifras independientes, América Latina comienza un viraje hacia una más firme persecución y castigo de crímenes contra profesionales del periodismo. Un informe del Comité de Protección de Periodistas reportó recientemente que, de hecho, Latinoamérica es la región del mundo en la que mayormente se ha reducido la impunidad.
Hace doce años, cuando la Sociedad Interamericana de Prensa puso en marcha su proyecto contra la impunidad, los casos de crímenes esclarecidos y castigados se contaban con los dedos de una mano. En este periodo, el fuerte reclamo expresado por nuestras voces y fortalecido por el apoyo de la comunidad, se concreta en que 78 asesinos de periodistas están pagando o pagaron ya sus condenas en la cárcel.
En este sentido, las dos noticias recientes más importantes y que la SIP resaltó en sus momento: son las siguientes:
- En Brasil, un Tribunal del estado de Mato Grosso condenó al autor intelectual del asesinato del periodista paraguayo Samuel Román, y ha comenzado a pagar una sentencia de 17 años y nueve meses de prisión. Brasil es el país con mayor número de condenados, 31 de un total de 15 casos.
- Mientras tanto, en Argentina, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la liberación de los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, quienes habían sido beneficiados en 2003 por una ley que reducía sus años en prisión. Esperamos que esta sentencia quede en firme y los asesinos vuelvan a la prisión.
Otra noticia importante es la confirmación de un proyecto de ley para sujetar al ámbito federal los crímenes contra la libertad de expresión en mi país, México.
A iniciativa del Poder Ejecutivo, este proyecto modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal para que la Procuraduría General de la República pueda atraer los casos de aquellos periodistas que sean privados de la vida por ejercer su profesión. El presidente Felipe Calderón nos ha ofrecido impulsar esta posibilidad, que de pasar el proceso respectivo en el Congreso, cumplirá un viejo anhelo de la SIP, al que nos referimos por primera vez en 1977.
Mantenemos en constante seguimiento los casos de diversos periodistas asesinados, sobre los cuales el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha decidido intervenir. Así ocurre con los colegas mexicanos Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza.
A este respecto, hemos informado a la administración del presidente Calderón que las negociaciones se hallan en punto muerto, por lo que resulta urgente que el estado mexicano acepte su responsabilidad y cumpla con las recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana de derechos Humanos, sobre la reapertura de las investigaciones, la indagación sobre la posible negligencia en los procesos judiciales y la reparación correspondiente.
En esta misma línea se halla otro proceso de solución con el gobierno de Brasil por el caso del periodista Manuel Leal de Oliveira, y continuamos uno más con el gobierno de Colombia por el caso de Nelson Carvajal.
Respecto a esto, quiero resaltar el trabajo de los periodistas de la unidad de respuesta rápida de la SIP, quienes incluso enfrentándose a posibles situaciones de riesgo continúan su trabajo, como es el caso de Diana Calderón sobre quienes hemos reclamado al gobierno colombiano medidas de protección ante indicios de amenazas en su contra.
Entre las iniciativas más destacadas de nuestra labor este año se encuentra la conferencia hemisférica “Poder Judicial, Prensa, Impunidad”, que tuvo como impulsor central y anfitrión a nuestro `presidente Rafael Molina en Santo Domingo, en julio pasado. La SIP, en esa oportunidad, mostró su capacidad de convocatoria. Tuvimos la presencia de 24 jueces magistrados, doce de ellos presidentes de Cortes Supremas de Justicia de las Américas.
De esa reunión, en la que participaron además jueces, abogados, políticos periodistas y directores de medios, emanó una declaración de principios que sienta precedentes importantes y que nos anima a seguir pidiendo mecanismos y reformas legales como armas necesarias para combatir la impunidad.
En este encuentro se discutieron en forma positiva propuestas sustantivas, como elevar a jurisdicciones especiales los crímenes contra la libertad de expresión y contra los periodistas, o la federación, en los países que lo amerite; agravar las penas; no permitir que los delitos prescriben; eliminar los beneficios de excarcelación; promover entre los poderes del estado el uso de instrumentos internacionales e intercambios y, cuando corresponda, recomendar la implementación de un nuevo modelo procesal penal.
La declaración de Santo Domingo tiene en cuenta tanto la violencia que se cierne en contra de periodistas como sobre los administradores de justicia , por lo que promueve espacios de acercamiento y de conocimiento recíproco, de diálogo sobre la cultura de la legalidad y el valor de la libertad de expresión. Esta experiencia de trabajar con los jueces nos ha alentado a definir una amplia estrategia en este campo para los siguientes periodos de actividades.
Buscamos definir estrategias de corto y mediano plazos, para garantizar su profundidad y coherencia. Queremos trazar una línea al menos hasta el año 2011, que signifique una ruta clara que permita definir objetivos y ofrecer resultados medibles.
Haremos gravitar esta estrategia en cuatro pilares:
1.- El impulso a mecanismos de protección, prevención y entrenamiento, de gran relevancia, especialmente por el riesgo que representa la cobertura del crimen organizado y otros asuntos de alto riesgo.
2.- La investigación de casos específicos, para mantener el reclamo de que responsables de atentados sean llevados ante la justicia.
3.- Promoción de una cultura que ponga énfasis en el vínculo entre legalidad y libertad de expresión, para lo cual ya sostenemos y actividades y encuentros con jueces y otras instancias. Ya hemos empezado en México, con ministros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Consejo de la Magistratura y con académicos en las próximas semanas dará inicio un seminario orientado a jueces y periodistas.
4.- Difusión entre nuestras comunidades sobre el impacto que representa el ataque contra periodistas. En este momento, más de 380 periódicos en todo el hemisferio publican regularmente nuestra campaña de anuncios, promoviendo la participación del público en general y de los lectores, sumándolos a esta lucha. Muchas gracias a todos ellos.
Deseo hacer un reconocimiento muy sincero al generoso apoyo durante los últimos 15 años nos ha extendió para este proyecto la fundación James L. y John S. Knight, que representa su presidente, Alberto Ibargüen, amigo de todos nosotros y muestro compañero de batalla en esta lucha que libra la SIP:
En Alberto, que fue un impulsor fundamental de esta comisión, hemos encontrado siempre inspiración y aliento. Hoy deseo reconocerlo por esta convicción y este compromiso. Y expresarle nuestro sincero deseo para que siga caminando a nuestro lado, particularmente en el periodo 2008-2011, que acabó de esbozar ante ustedes. Alberto un abrazo fraternal.
Por último, quiero reconocer también muy sinceramente el entusiasmo y el apoyo de todos los integrantes de la comisión contra la impunidad, que me honro en presidir.
Muchas gracias.
