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Monitoreará Función Pública a dependencias por caso Fox

Será a las secretarías que la Cámara de Diputados solicite información por presunto enriquecimiento ilícito en torno al ex presidente
Monitoreará Función Pública a dependencias por caso FoxMonitoreará Función Pública a dependencias por caso Fox
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Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 26 de septiembre de 2007

08:49 La Secretaría de la Función Pública (SFP) establecerá un monitoreo a todas las dependencias federales a las que la Cámara de Diputados solicite información en torno al presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente, Vicente Fox, de tal forma que respondan cabalmente los requerimientos del Congreso, informaron fuentes oficiales.

Asimismo, datos oficiales muestran que este año la SFP recibió 224 mil 757 declaraciones patrimoniales presentadas por servidores pçublicos, pero sólo en un caso se procedió penalmente.

El único caso es el de Edgar Zeferino Serna Vega, agente del ministerio público federal, quien enfrentó cargos ante un juzgado, según el expediente 270/2006; la SFP lo destituyó e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, apenas el pasado 20 de junio pasado.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos obliga a la los funcionarios, desde el nivel de jefe de departamento hasta el Presidente de la República, a presentar su declaración de bienes, pero es potestad de cada uno de ellos el permitir que estos datos sean públicos o sólo se le permita su acceso a la autoridad.

La dependencia federal también dispuso su capacidad “de inspección y auditoría”, establecidas en el artículo 84 de la Ley de Responsabilidades, para apoyar la labor de la comisión acordada por la Cámara de Diputados para el caso Fox.

En la SFP, que encabeza Germán Martínez Cázares, están a la espera de que los legisladores definan el objetivo de la Comisión Especial.

De antemano, en la Función Pública estiman que los resultados de la investigación que realice la comisión legislativa dependerá de los objetivos que se fije, las características que tenga, el presidente de la misma, así como el establecimiento de su plan de trabajo, lo cual podría alargar los tiempos para conocer los avances de la misma.

Los funcionarios consultados precisaron que la SFP podría tener limitantes para entregar información que estuviese clasificada como confidencial, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como pueden ser datos personales o de particulares.

El lunes, en un comunicado la SFP aclaró que “prestará al Congreso de la Unión y a sus órganos internos, la colaboración necesaria para que cumplan con sus fines constitucionales y legales. Todos los asuntos que sean de interés de los órganos legislativos serán atendidos con diligencia institucional y responsabilidad política, siempre en el marco de las atribuciones que a cada órgano corresponden, y con pleno respeto a las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos”.

Magros resultados

En el 2006, la SFP recibió 216 mil 468 declaraciones patrimoniales, mientras que en el 2007 la cifra se elevó a 224 mil 757 funcionarios cumplieron esta obligación legal.

La fuente principal para el seguimiento de las propiedades de los servidores públicos son precisamente sus declaraciones de situación patrimonial que presentaron durante su desempeño.

“Del mes de diciembre de 2006 a agosto de 2007, se concluyeron 43 expedientes de evolución patrimonial de los cuales en uno resultó procedente presentar denuncia penal”, precisa la dependencia en un informe.

No obstante, la SFP asegura que está desarrollando un sistema denominado “Evolución Patrimonial”, el cual permitirá realizar de manera más ágil y eficiente, las evoluciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El objetivo es que con este sistema se sabrán de manera automática los datos de las declaraciones de situación patrimonial que los servidores públicos sujetos a investigación hayan presentado en archivo electrónico desde 2002.

“Este sistema también verificará el patrimonio de los servidores públicos que se encuentren en áreas detectadas como sensibles a la corrupción, con objeto de vigilar directamente su correcta actuación, sin necesidad de la presentación de una queja o denuncia”, anuncia la Función Pública.

Actualmente, sostiene la dependencia federal, se están realizando las pruebas finales de operación a este sistema para su puesta en marcha.

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