Acteal, un juicio interminable

Son los 76 indígenas acusados por la matanza de 45 personas, también tzotziles como ellos, ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, en el contexto de una confrontación entre priístas y zapatistas que inició dos años atrás. Las víctimas pertenecían a la sociedad civil Las Abejas.

Sin embargo, se trata de la séptima revisión en casi 10 años de juicio en los que no se ha logrado una sentencia definitiva.

Están en “El otro Chenalhó”, como llaman los demás internos y las propias autoridades de la prisión al edificio H4 del reclusorio El Amate, donde están ubicados todos los procesados por la matanza.

Agrupados en el área de convivencia del edificio, escuchan a su compañero Juan Pérez Hernández traducir al tzotzil las explicaciones de Javier Angulo y Ricardo Ortega, los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que llevan su defensa, pues la mayoría no entiende español.

“Lo que nosotros pedimos es que se respete el debido proceso. La ley dice que ustedes tendrían que estar en juicio un año como máximo, ese plazo se ha excedido. Ustedes llevan casi 10 años sin una sentencia, eso nos parece una violación muy grave y se lo hemos dicho al juez”, les dice Ricardo.

Les informa que el juez segundo de distrito, Martín Rangel Cervantes, no valoró adecuadamente las pruebas de la defensa; que restó importancia a las confesiones de los autores materiales de la matanza, quienes sólo hablan de nueve participantes, y no consideró el que las pruebas de radizonato de sodio hayan resultado negativas en la mayoría de los inculpados.

Explica que por estas decisiones, entre otras, la defensa se inconformó con la resolución del juez, que el pasado 22 de julio sentenció a 18 de los procesados a 25 años de prisión. Una sentencia que sigue sin ser definitiva, pues deberá ser revisada nuevamente por el Primer Tribunal Unitario, como ha ocurrido desde hace casi 10 años con los dos juicios de la matanza.

“Hemos pedido en la apelación que este asunto no se demore más, que podamos llegar a que el magistrado conozca el fondo del caso, para que no se esté reponiendo una y otra vez los procesos, porque es a ustedes a los que afectan”, precisa.

Una larga espera

La espera de la sentencia en este caso tiene distintos rostros. Uno de ellos es Agustín Gómez Pérez, quien ronda los 70 años de edad y no entiende por qué el proceso se ha alargado tanto, ni por qué él y sus compañeros siguen sin saber si algún día dejarán la prisión.

“Estamos un poco tristes. Creíamos que esta vez iban a salir algunos, pero la sentencia vino pareja para todos, algunos se desesperan, porque sus familias ya no vienen, otros hacen oración (la mayoría son cristianos evangélicos y practican su religión en un templo instalado en el patio del penal). Pero seguimos esperando”, dice con resignación.

Otros se refugian en el trabajo y fabrican hamacas o cultivan hortalizas en los telares y la pequeña huerta que tiene el edificio, para reunir algo de dinero que les ayude a sostener a sus familias. Algunos más, como Jacinto Arias, quien era presidente municipal de Chenalhó cuando ocurrió la matanza, se han dedicado a estudiar.

Jacinto cursa ya el primer año de preparatoria. Cuando ingresó a prisión apenas tenía tercero de primaria. Es uno de los más desesperanzados, y sólo tiene una pregunta para los abogados, que repite en cada visita. “¿No pueden hacer algo para que salga de aquí?”

Lorenzo Pérez Vázquez, uno de los autores confesos de la matanza, optó por la lucha libre y desde hace cuatro años participa en torneos con luchadores que llegan de distintos puntos del país a “El Amate”.

“Comencé en (el penal) Cerro Hueco. Un maestro de la lucha me empezó a entrenar, poníamos aserrín. Aquí ya tenemos un ring profesional. Un día llevaron una función de lucha a Cerro Hueco y participé, como Príncipe Maya; la segunda como Rey Cometa, luego Halcón Rojo. ‘Ahorita’ soy Príncipe Azteca”, relata orgulloso, vestido con una playera negra de El Místico.

Lorenzo tenía 17 años cuando ocurrió la matanza, pero no quiso ingresar al Consejo Tutelar y pidió estar en Cerro Hueco, con sus amigos. Dice que el deporte le ayuda a no pensar. “Se controla uno cuando hace deporte, así pasa el día, pasa el tiempo, ya no piensa uno”.

Las familias también esperan

El impacto de un juicio de 10 años también se ha dejado sentir en las familias. Las mujeres han tenido que asumir el trabajo que hacían sus esposos en el campo y sumarlo a las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y sus propios trabajos. Están cansadas y enfermas, asegura Sara Pérez Gutiérrez, esposa de Pablo Pérez Pérez, otro de los procesados que, de acuerdo con varios testigos, cuando ocurrió la matanza estaba trabajando en su casa, una humilde vivienda de madera ubicada al pie de la carretera que lleva a Acteal.

“Hace más de ocho años me enfermé y no me he curado. Estoy muy débil, antes aguantaba más, porque tenía más confianza de que nuestros esposos iban a salir: Yo iba a la cárcel a verlo cada dos meses, ahora no puedo, me duele la cabeza”, explica mientras trabaja en un telar en el que teje blusas para sostener a sus tres hijos.

Las mujeres no olvidan lo ocurrido. También de su lado hubo muertos antes de los de Acteal. De ellos nadie habla y nadie les ha hecho justicia, aseguran.“Al papá de mi esposo lo mataron antes, y por eso fue acusado y está en la cárcel”, dice entre lágrimas María Ruiz Luna, esposa de Javier Vázquez.“Agustín Vázquez, el hermano de mi esposo, fue asesinado, y eso nos duele, porque nuestras familias fueron asesinadas al principio y no hubo justicia”, relata Catalina Ruiz Pérez, esposa de Manuel Vázquez Ruiz, preso junto con su padre en El Amate.

Las autoridades han aceptado que la venganza por el homicidio de Agustín Vázquez fue uno de los móviles de la matanza de Acteal.

Catalina sólo sabe que su familia puso los muertos y también los presos.