15:10 El sector empresarial del país demandó de los poderes Ejecutivo y Legislativo corregir el planteamiento original de la reforma fiscal, sobretodo respecto a la Contribución Empresarial a Tasa Única (CETU); lograr un periodo de coexistencia no mayor a tres años del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y permitir la deducibilidad de salarios y prestaciones sociales, a fin de evitar efectos negativos que pongan en riesgo la inversión y la creación de empleos.
En conferencia de prensa, en la que se dio a conocer la postura oficial y unificada de los 12 organismos cupulares que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), su presidente Armando Paredes, insistió en que la iniciativa privada demanda una reducción de la tasa del CETU a 12%, lo que permitiría no afectar a quienes hoy contribuyen; lograr la deducibilidad de salarios, los impuestos locales sobre estos y las contribuciones sociales (IMSS, Infonavit y SAR) en la CETU, con el propósito de fomentar la inversión, el empleo y un mayor crecimiento económico, y exigió el desmantelamiento del ISR antes del 2010.
De no llevarse a cabo estos cambios, advirtió el representante empresarial, se podría tener efectos sobre el producto final de las empresas, afectando a los consumidores.
Dentro de la lista de planteamientos del CCE se persigue que las autoridades reconozcan las inversiones y los atributos fiscales existentes al 31 de diciembre de 2007 para evitar distorsiones en el periodo de transición, y por consiguiente una doble carga tributaria para las empresas; establecer la CETU como impuesto mínimo y no máximo, lo que garantizaría una neutralidad del impuesto.
Sin embargo, la mayor preocupación del empresariado mexicano se centró en la forma en que las autoridades hacendarias impulsen y consoliden la acreditación de la CETU en el extranjero, a fin de no afectar las inversiones foráneas y sí en cambio generar un mayor incentivo y competitividad como país.
Los organismos del CCE coincidieron en que se debe evitar a toda costa los tratamientos de excepción que complican la operación y administración tributaria.
La iniciativa privada dijo también que será necesario corregir el Impuesto Contra la Informalidad (ICI) a efecto de que se permita su acreditación universal y se garantice así su neutralidad absoluta para quienes ya pagan sus contribuciones.
Además, exigió eliminar las "medidas extremas" de fiscalización en materia de responsabilidad solidaria que se incluyen en el Código Fiscal.
Armando Paredes comentó que una vez que se logre el consenso respecto a la reforma fiscal no deberá cerrarse la discusión sobre la modernización de la hacienda pública sino que ésta deberá ir acompañada con modificaciones a los impuestos de consumo, en especial el IVA en alimentos y medicinas. Reconoció que hasta el momento no existen las condiciones políticas ni el ambiente para negociar este tema.
Por otro lado, la iniciativa privada reiteró su respaldo a los cambios al régimen fiscal de Pemex, siempre y cuando los recursos librados se destinen claramente al crecimiento de las capacidades de producción, exploración y explotación de energéticos y no al gasto corriente.
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