El presupuesto del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) ha mostrado un comportamiento errático en los últimos siete años, además de que la mayor parte de sus recursos se canalizan al pago de salarios.El Cisen, encargado de los servicios de inteligencia y contrainteligencia para garantizar la seguridad del país, sufrió un recorte de casi 40 millones de pesos para su operación en este año.
De acuerdo con cifras oficiales, el Cisen cuenta con un presupuesto para 2007, de mil 114 millones de pesos, cifra menor a la que se le asignó en 2006 —cuando se realizaron elecciones federales—, de mil 153 millones de pesos.
El Cisen tiene la misión de desarrollar y operar un sistema de investigación y análisis de inteligencia “estratégica, táctica y operativa” que genere información privilegiada y “alerte” sobre amenazas y riesgos internos y externos a la seguridad nacional.
Aun con el recorte, el organismo destinará el grueso de su presupuesto para este año —casi 900 millones pesos— para el pago de salarios; 28.9 millones para materiales y suministros; 33 millones para servicios generales, y 16.9 millones para el rubro señalado como “otros”.
Este centro de inteligencia tiene además la responsabilidad de preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.
La eficacia del Cisen, dirigido por Guillermo Valdés Castellanos desde enero pasado, fue cuestionada por legisladores federales al no haber anticipado los atentados contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) los días 5 y 10 de julio en los estados de Guanajuato y Querétaro, los cuales se atribuyó el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En 2001, este organismo recibió un presupuesto de 980 millones de pesos; en 2002 mil 34 millones; para 2003 mil 80 millones; en 2004, 966 millones de pesos; en 2005 879 millones; para 2006 mil 153 millones, y 2007 mil 114 millones de pesos.
El ex titular del Cisen y ahora procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, dijo el viernes que a pesar del seguimiento que se da a los grupos subversivos que operan en el país, las autoridades no tienen la capacidad para prever o adivinar dónde y cuándo perpetrarán sus ataques.
De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional, el titular de la Secretaría de Gobernación, el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y el centro de investigación son los responsables de “identificar los fenómenos que integren amenazas” y “desarrollar estrategias que permitan responder legal e institucionalmente a las amenazas identificadas”, así como “asegurar el intercambio eficaz de inteligencia sobre amenazas cuya atención les corresponde”.
La institución muestra además recortes en los últimos años en el pago de incentivos a sus empleados, incluso reducción de sueldos.
