En la encuesta El Costo de la Regulación 2007, realizada entre 400 empresas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, se mencionaron además los impuestos y las prácticas monopólicas como barreras que impiden un sano desarrollo del mercado.

La proporción de empresas a las cuales se les solicitó en 2006 un soborno o "gratificación" fue de 13% contra 9% registrado en 2005. El monto erogado por cada transacción ilegal también aumentó al pasar de mil 330 pesos en 2005 a 2 mil 207 pesos el año pasado.

La investigación realizada por el CEESP, en la que participó la embajada británica, establece que los sobornos se dieron en los tres poderes de la Unión y fueron considerados "graves".

En una escala del 1 al 7, la calificación en todos los casos es superior a cuatro puntos; tribunales y jueces fueron señalados como los que más sobornos reciben.

El pago anual de sobornos en los poderes Judicial y Legislativo se estimó entre 40 mil millones y 60 mil millones de pesos.

Las empresas reconocieron haber hecho "pagos extraoficiales" -equivalentes a 6% de sus ingresos anuales- para influir en el contenido de nuevas leyes, políticas y regulaciones.

Mario Rodarte, director general del CEESP, destacó también que los trámites para obtener insumos básicos como energía eléctrica, mano de obra, agua, junto con permisos, licencias y malos servicios públicos, representan 20% de los costos de los negocios, mientras que los asuntos fiscales y financieros constituyen alrededor de 14.8% de sus ventas.

Los empresarios entrevistados aseguraron que los obstáculos citados son consecuencia de la baja capacidad de las autoridades para hacer valer el estado de derecho, de las malas regulaciones, la pésima calidad de los servicios públicos, de la aplicación discrecional de las leyes y de la falta de transparencia en las actividades del sector público.

Respecto a la apertura de negocios, Aguascalientes fue la entidad mejor evaluada, ya que se necesitan 24 días, 15 días menos que el promedio nacional, que es de 39.

En cambio, en el Distrito Federal se requieren 27 días, mientras que en Yucatán son necesarios 69 días para poder operar.

Por ciudad, la incidencia de los sobornos a legisladores es mayor en la ciudad de México, seguida de Guadalajara y Monterrey.

Por su parte, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dependiente de la Secretaría de Economía, dijo que los costos de regulación como proporción del Producto Interno Bruto ascienden a 15%, lo que se traduce en pérdidas del orden de 71 mil millones a 88 mil millones de dólares.