Para Ménard, la decisión tomada por el gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, carece de "base jurídica" y tiene como sólo objetivo "silenciar el único canal crítico con el gobierno, cuya señal cubre casi la totalidad del territorio venezolano".

Ménard comentó, en rueda de prensa, que había percibido en sus conversaciones con periodistas venezolanos un "clima distinto" al de sus visitas previas a Venezuela, "como si algo irreparable para la libertad de expresión en Venezuela estuviese en juego".

"El TSJ dice lo que el presidente Chávez quiere que diga y lo hace al ritmo que Chávez impone", apuntó Ménard en referencia a la negación del recurso de amparo cautelar interpuesto por RCTV, con lo que la cadena privada salió del aire un minuto antes de la medianoche del domingo.

Ménard también llamó la atención acerca de "la arrogancia y el desprecio" con el que Chávez trata a las instituciones jurídicas internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, la no renovación de la concesión a RCTV supone el "primer error político" del presidente Chávez, ya que se trata de "un decisión poco popular" dentro del chavismo y constata, en su opinión, la "posición autocrática" del gobierno venezolano.

Ménard criticó, asimismo, la complacencia de cierta opinión pública europea acerca de estas políticas de Chávez bajo el argumento de que tiene a todos los medios de comunicación en su contra.

Afirmó que ha habido más de mil horas de "cadenas" nacionales (retransmisiones obligatorias de intervenciones presidenciales) en los ocho años de gobierno de Chávez y señaló que el presidente venezolano ostenta "en la actualidad una posición de hegemonía de prensa".

Ménard calificó de "burlas" las declaraciones de algunos diputados socialistas del Parlamento Europeo acerca de que la medida es simplemente de "carácter administrativa".

Algunos periodistas cuestionaron la financiación de RSF con fondos estadounidenses, a lo cual Ménard dijo que sólo unos 40 mil dólares, de los cuatro millones de euros (unos 5,3 millones de dólares) que tiene como presupuesto la organización, provienen de ese país.

Precisó que esos 40 mil dólares son entregados por la fundación privada National Endowment for Democracy, de EU, que defiende a periodistas presos en África.

Ménard destacó que su organización se dedica a defender la libertad de expresión "en todo el mundo", tanto ante "gobiernos de derecha como de izquierda".

fllq