El alto tribunal también aprobó que los policías capitalinos puedan asegurar y remitir ante el juez cívico correspondiente a todas las personas que incurran en este tipo de conductas y que sean sorprendidas in fraganti.

De manera unánime, el pleno del máximo tribunal respaldó las sanciones que se establecieron en contra de estas conductas en la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que entró en vigor desde el 31 de julio de 2004.

A propuesta de la ministra Margarita Luna Ramos, la Corte declaró infundada la solicitud que presentaron 27 diputados panistas de la anterior legislatura de la Asamblea Legislativa para que se declararan inconstitucionales las sanciones aprobadas por la mayoría de legisladores perredistas.

Las sanciones que respaldó la Corte son las que establecieron los asambleístas para quien:

a) Preste servicios no solicitados y obligue a pagar por ellos.
b) Ofrezca la realización de trámites públicos fuera de oficinas sin autorización para ello.
c) Ofrezca o propicie la venta de boletos de espectáculos públicos con precios superiores a los autorizados.
d) Invite, ejerza o solicite el servicio de prostitución.
e) Trepe a bardas o enrejados para observar el interior de un inmueble ajeno.

Para este tipo de infracciones cívicas se establecieron multas de 1 a 30 días de salario mínimo y arrestos de 6 a 36 horas.

La ministra Margarita Luna consideró que las sanciones están justificadas dado que con ellas lo que se busca generar es una mejor convivencia social, evitar molestias a los vecinos o a las personas que circulan por las calles de la ciudad, entre otros puntos.

Su propuesta fue respaldada por sus compañeros porque concluyeron que es una obligación del estado preservar la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía.

La decisión de la Corte se emitió como parte de la revisión que lleva a cabo del juicio de acción de inconstitucionalidad que promovieron los diputados panistas que promovieron en contra de diversos artículos de la Ley de Cultura Cívica.

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